El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado este jueves que los presupuestos del Consell para el próximo ejercicio contemplan una partida de 48,9 millones para el concierto de plazas residenciales, pero ha advertido de que "no vamos a centrar todos los esfuerzos en residencias", porque "tenemos que intentar de verdad buscar la calidad de vida de las personas y la dignidad de nuestros mayores", informa Europa Press. Para ello, considera que hay que "ayudarles a estar en su espacio natural, que es su casa". En este sentido, ha asegurado que la Generalitat hará "una gran dotación y un gran esfuerzo en los servicios de base y en la ayuda a domicilio, porque es básico que las personas puedan acabar sus días al lado de los más próximos, si es posible, y con todo el afecto de sus familias y de la sociedad". Puig ha destacado que el "rescate a las personas" no sólo debe ser económico, sino también "moral y de dignidad".
En estos términos se ha pronunciado en la sesión de control en el pleno de las Cortes, tras una pregunta formulada por el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, quien ha indicado que el pasado octubre el Consell anunció que 10.200 mayores en residencias y 1.300 en centros de día iban a beneficiarse de la retirada del copago, pero ha advertido de que "la falta de residencias en determinadas zonas de la Comunidad dejará fuera a una parte significativa de los mayores necesitados". En este sentido, ha preguntado a Puig si el Consell ha hecho una evaluación de cuántas personas se quedarán excluidas.
Asimismo el president ha resaltado que el Acord del Botànic plantea como "gran prioridad rescatar a las personas, sobre todas las que están en mayores dificultad", y ha incidido que lo que ha hecho el Consell en el Presupuesto es "empezar a atender lo más emergente y prioritario". No obstante, ha indicado que "no vamos a poder en este primer presupuesto responder a todas las demandas". En cualquier caso, ha destacado que "desde el primer momento", antes de la elaboración de las cuentas para el próximo ejercicio, la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, decidió "iniciar acciones" para acabar la "destroza que se había producido en la Ley de Dependencia". Al respecto, ha indicado que se priorizó en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) el gasto social.
"Con 16 millones de euros, lo que representa la mitad de lo que se saqueó en Emarsa, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas puso al día el pago de prestaciones económicas por cuidados no profesionales en el ámbito de la Ley de Dependencia durante los meses de mayo y junio", ha manifestado Puig, quien ha puntualizado que esa medida supuso un impacto de 24.000 personas. Además ha subrayado: "Hemos puesto adelante todos los instrumentos para eliminar los copagos". En este sentido, se ha referido a la decisión de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de derogar completamente el copago sanitario para personas mayores y con diversidad funcional en los centros de día y su eliminación parcial en los centros residenciales.
Montiel, por su parte, ha denunciado que en ámbito de las residencias "Ortiz, Cotino y Blasco pusieron en marcha una fórmula, que más tarde se llamó 'modelo Cotino', que obtuvo sustanciales beneficios y privilegios a cargo de lo público". En este sentido, ha indicado que en la etapa de Juan Cotino como conseller de Bienestar Social aprobó una orden para "favorecer a las empresas de su sobrino". En esta misma línea, ha manifestado que este "perverso sistema" produjo un "caos general en el sector por las manipulaciones interesadas de estos mangantes", y ha atribuido a esta circunstancia "el deterioro del sistema de apoyo a nuestros mayores". El 'president' le ha respondido que su Gobierno busca recuperar "una cierta gobernanza en sector" porque ha habido falta de planificación y de mapificación y una orientación absoluta vinculada al mercado", y ha advertido de que "la mano invisible del mercado sabe poco de humanidad".
En este sentido, ha explicado que Vicepresidencia está llevando a cabo una "mapificación y una planificación" y está trabajando para dar "respuesta a las infraestructuras que ya están hechas por los propios ayuntamientos en muchos casos para dar cobertura a la demanda de la personas". A este respecto, ha anunciado: "Vamos a intentar poner orden general en el sector".
Por su parte, el diputado de Podemos, César Jiménez, ha indicado que el Consell "tiene en sus manos" desde enero de este año un informe que señala que "el modelo aprobado en 2001 por Blasco y que benefició a la familia Cotino era contrario a derecho", y ha preguntado a la Generalitat si actuará al respecto. En referencia a este caso, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha explicado que es un informe de la Abogacía de la Generalitat el que señala que "el contrato es nulo", pero ha explicado que "para que la administración de oficio vaya a pedir una nulidad necesita preceptivamente el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu, pero dijo que no era nulo". Oltra ha señalado que "un tercio de las plazas caduca el próximo 31 diciembre", pero "queda la otra parte". Por ello, ha manifestado: "este Consell no renuncia a llevar esto a una nulidad radical, porque se está vulnerando la libre competencia y las condiciones de igualdad de las empresa del sector".
