La proposición de ley que regula las incompatibilidades y el conflicto de intereses de personas con cargos públicos no electos promovida por el grupo de Compromís con el aval del Consell no es una mera declaración de intenciones. El proyecto, que todavía debe aprobarse en las Corts, incluye un duro régimen disciplinario para aquellos altos cargos, funcionarios y asesores que no cumplan con las exigencias de la ley. El castigo por vulnerar la norma va desde una amonestación pública hasta el cese y una inhabilitación por espacio de hasta diez años. Además, los afectados deberán devolver el dinero percibido en concepto de sueldo público.
La ley, cuya principal novedad es que incluye en su ámbito de actuación a funcionarios del grupo A1, libre designación y personal eventual, distingue entre infracciones muy graves, graves y leves. Considera infracción muy grave que el cargo en cuestión haya presentado en su declaración de datos (bienes, patrimonio, actividades) documentos falsos o que no se ajusten a la realidad o haya incumplido con su deber de abstención o inhibición en asuntos públicos. En estos casos deberá cesar de su responsabilidad y devolver el importe de todas las nóminas cobradas desde que fue nombrado. Además, tendrá la imposibilidad legal de volver a ser nombrado alto cargo no electo durante un periodo de entre 5 y 10 años.
El nuevo texto legal considera infracción grave la «omisión» de aportación en el Registro Valenciano por la Ética en el Ejercicio del Cargo Público de datos o documentos relevantes, así como la no aportación de los documentos una vez se haya requerido para hacerlo. También la reiteración de infracciones leves pasa a ser consideradas graves. En estos casos, también debe cesar inmediatamente y no podrá volver a la actividad pública en un periodo de entre dos y cinco años.
Para los redactores de la ley (la proposición está firmada por el síndic Fran Ferri y la diputada de Compromís, Isaura Navarro) la presentación extemporánea de documentos es considerada una infracción leve. En estos casos, se prevé una amonestación pública, incluido el reintegro de la cuantía equivalente a las retribuciones percibidas durante el tiempo de retraso en la presentación de la retribución .La proposición de ley, que se debatirá próximamente en las Corts, ha generado hondo malestar entre los sindicatos. La FSP-UGT pidió explicaciones el pasado lunes en una reunión de la mesa de la Función Pública al entender que los empleados públicos tienen su propio régimen disciplinario y no les corresponde el mismo nivel de exigencia que los altos cargos, como por ejemplo, a la hora de airear su patrimonio. Cabe recordar que, tal como informó ayer este diario, la ley crea una registro para la ética en el ejercicio del cargo que obliga a los asesores y altos funcionarios a airar su declaración de actividades, bienes y patrimonio. Va más allá de la ley de transparencia que sólo obliga a los altos cargos a «desnudarse» ante la ciudadanía. Hasta ahora desde el Consell se ha mantenido que para los asesores era voluntario el gesto.
La ley ha recibido el criterio favorable del Consell. El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, firma el escrito a favor de la ley en el que afima que «no tiene ninguna justificación que la Generalitat no haya dotado hasta el momento de instrumentos legales para regular los conflictos de intereses e incompatibilidades». El conseller cree que existe inseguridad jurídica y la norma ayudaría a reducirla.
La realidad es que el departamento que dirige Alcaraz no ha conseguido que todos los altos cargos presenten toda la documentación requerida. La ley de Compromís apenas da un plazo de dos meses para hacer su declaración ante el registro.
