El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles una enmienda transaccional que se ha alcanzado tras una proposición no de ley de Ciudadanos donde se propone elaborar una auditoría económico-financiera y sociolaboral de las instituciones y entidades que dependen de la Generalitat con el objetido de eliminar las que resulten "superfluas, innecesarias o incurren en duplicidades", informa Europa Press. Para ello se creará en las Cortes una subcomisión en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para el examen y la propuesta de las medidas normativas necesarias para la reestructuración y racionalización del sector público de la Generalitat "atendiendo a criterios de utilidad pública e interés general".
Será esta comisión la que, una vez se hayan elaborado las respectivas auditorías, inste al Consell a eliminar todas aquellas estructuras administrativas o exclusivamente financiadas con capital público que resulten superfluas, innecesarias o que incurren en duplicidades. También podrá solicitar la restructuración de las que estén "sobredimensionadas" en relación a sus necesidades de personal o a los servicios que prestan.
La portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, cree que es "absolutamente esencial revertir el proceso de alejamiento de la política por parte de la gente y de deslegitimación de las instituciones". Para "prestigiar nuestras instituciones y la democracia", considera que hay que conseguir que los organismos que dependen de la administración sean instituciones, por una parte, "útiles" y, por otra, "necesarias". Punset, para quien es ''esencial'' que se apliquen criterios de ''eficiencia empresarial'' porque el ''dinero público es sagrado'', ha advertido de que ''la sociedad civil ha lanzado un mensaje muy claro a la clase política, la ha dicho 'basta ya' de despilfarro, de chiringuitos para colocar a los políticos y de instrumentalizar las instituciones''.
Por parte del PP, el diputado Antoni Bartomeu ha calificado de "positiva" la iniciativa presentada inicialmente por C's porque "quién no va a estar de acuerdo en que no se derrochen recursos públicos, no haya duplicidades y lo superfluo se elimine". Sin embargo, considera que hay "inexactitudes" en la proposición no de ley. No obstante, ha apoyado la enmienda transaccional que se ha alcanzado tras la propuesta de Ciudadanos. También ha manifestado que "auditorías se han estado haciendo todos estos años" y se ha mostrado dispuesto a empezar a trabajar para "actualizar" la ley sobre de la Sindicatura de Comptes.
Desde el PSPV, José Muñoz ha manifestado que "el sector público empresarial y los órganos dependientes de la Generalitat son instrumentos útiles para desarrollar competencias", pero ha advertido de que "el problema surge cuando se utiliza el sector público empresarial para los intereses privados y para intentar saltarse los controles públicos de la administración". Muñoz ha criticado que "durante 20 años el PP ha prostituido organismos públicos, fundaciones y entidades dependientes para lucrarse y enchufar familiares y compañeros de partidos". Asimismo el portavoz socialista ha abogado por hacer ''una administración de cirstal'' y ha denunciado que "se utilizó el sector empresarial para pagar la barra libre a costa del dinero de todos los valencianos".
Por otro lado, el parlamentario de Compromís Jordi Juan ha planteado "ligar muy bien por ley, no solo las competencias, sino también la financiación de las competencias" de cada entidad. Del mismo modo, ha indicado que "la cuestión no debe ser recortar por recortar", y ha añadido que "nunca deben perjudicarse los derechos de la ciudadanía".
Cristina Cabedo, en representación de Podemos, considera que habría que ir hacia una "auditoría ciudadana, que vaya más allá de una simple auditoría técnica". Para ello, entiende que con la iniciativa que se ha aprobado se da "un paso adelante" al incorporar a la auditoría económico-financiera otros ámbitos como el social.
