El pleno de las Cortes Valencianas ha acordado iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por Compromís para regular la publicidad institucional e impedir así su uso partidista o particular. PSPV, Compromís y Podemos han votado a favor, mientras que PP y Ciudadanos se han abstenido, informa Europa Press.
En su propuesta Compromís propone prohibir el uso de la publicidad institucional para la "creación, difusión o mejora de la notoriedad e imagen de las instituciones gubernamentales y de la administraciones públicas", así como para "hacer propaganda del cargo o institución" a través de saludas o aparición de cargos públicos en la propaganda institucional. La proposición de ley, a la que el Consell ha emitido un criterio favorable, también veta actos de inauguración o puestas de primeras piedras que supongan "un uso partidista o de promoción personal o de partido", e impide la instalación de placas conmemorativas.
Asimismo se prohíbe cualquier campaña o acto institucional que se lleva a cabo, no sólo durante el período oficial de la campaña electoral, sino desde el momento en el que se hace pública la fecha de las elecciones. La propuesta también establece que los textos de la publicidad institucional utilizarán preferentemente el valenciano, excepto en los ámbitos de predominio lingüístico castellano. Del mismo modo, plantea la creación del Consejo de Control de la Publicidad Institucional con un régimen sancionador, y propone que para la determinación de los medios de difusión se respeten los principios de "eficacia, eficiencia, equidad y objetivad".
La diputada de Compromís Isaura Navarro, que ha sido la encargada de defender esta iniciativa, ha destacado que la publicidad institucional debe ser "únicamente un vehículo de información" y estar "al servicio de la ciudadanía". Navarro ha criticado que en la anterior legislatura el Consell gastó 3,5 millones de euros en una campaña sobre las propuestas del Debate de Política General de las Cortes. También ha criticado la publicidad institucional que se puso en marcha para "agradecer el esfuerzo ciudadano". A su juicio, este dinero se debería haber destinado a "mejorar la vida de la ciudadanía".
El PSPV, por su parte, se ha mostrado a favor de esta proposición de ley porque, según ha indicado la socialista Ana Barceló "desde hace muchos años la publicidad institucional se viene empleando de forma contraria a los intereses de la ciudanía". A su juicio, la ley de 2003 sobre este tema parece "un traje hecho a la media del PP" y "no de servicio para fomentar lo que proclamaba, la igualdad y la transparencia". Barceló ha manifestado que, según un estudio elaborado por dos profesores de la Universidad de Alicante, "muchas campañas de publicidad institucional en los años del PP eran de autobombo" y se concentraban especialmente "en los primeros meses anteriores a las elecciones".
Desde el grupo popular, Rubén Ibáñez ha manifestado que con esta norma "dos grupos que suscribieron el Pacto del Titánic --en referencia al Acord del Botànic-- buscan controlar al grupo mayoritario". Además, ha criticado que el presupuesto de la Generalitat para 2016 contempla una partida de un millón de euros "para convenios singulares para promover la imagen de la Comunitat". Ibáñez ha hecho referencia a "olvidos" en esta ley, al no incorporar que la publicidad institucional "debe defender valores democráticos y principios constitucionales" y "difundir las señas de identidad valencianas". Del mismo modo, ha criticado que la propuesta plantea que los textos serán "preferentemente en valenciano" y también ha advertido de que "se olvida de la accesibilidad de la publicidad a personas con diversidad funcional".
"No le busque tres pies al gato", le ha dicho Navarro, quien ha indicado que su grupo no plantea leyes para esta legislatura, sino "de cara al futuro esté quien esté". A este respecto Ibáñez la he replicado: "Lamento haber descubierto la verdadera intencionalidad de lo que pretende esta ley, porque están ustedes en una situación muy complicada y esto les puede pasar factura".
Por parte de Ciudadanos, Carmen Sánchez ha justificado la abstención de su grupo alegando que aunque considera que en la propuesta hay "numerosos puntos totalmente convenientes", ha criticado algunos aspectos. A modo de ejemplo, ha preguntado: "¿Si se inaugura un nuevo tramo del AVE, contaremos con presencia de Casa Real y del Gobierno central, pero sin representación autonómica?". También ha criticado que se pretenda crear un ente público más, en referencia al Consejo de Control de la Publicidad Institucional, lo que se traduciría en un incremento de los gastos. Isaura Navarro le ha indicado que "no se forrarán", ya que se establece que los miembros de este órgano únicamente cobrarán dietas y kilometraje por asistencia a las reuniones.
Desde Podemos, su portavoz, Antonio Montiel, ha subrayado que "la utilización de la publicidad institucional como publicidad de los gobiernos desgraciadamente ha sido una práctica demasiado constante en la historia democrática", y ha calificado de "urgente" reformar la ley de 2003. Como "ejemplos de manipulación", Montiel se ha referido a una campaña de siete millones de euros durante el Gobierno de Eduardo Zaplana sobre el aumento de las pensiones. Del mismo modo, ha indicado que "5,5 millones se entregaron a una sola empresa vinculada a Gürtel en relación a la publicidad de la Conselleria de Sanidad con Rafael Blasco como conseller".
