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Castedo exige al juez del PGOU que concrete de qué se le acusa

Las defensas aseguran que tras siete años de pesquisas ya no se puede seguir hablando de que aún se está recopilando la información

Los abogados de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han acogido a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para exigir al juez que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que concrete de qué delitos la acusa, según el escrito al que ha tenido acceso este diario. Esta reforma entró en vigor el pasado mes de octubre, donde se traspuso una directiva de la Unión Europea que obliga a que los imputados se les diga de qué delitos se les acusa.

El escrito presentado en el juzgado por los abogados Juan José Martínez Albert y José María Asencio señala que tras siete años de investigaciones no se puede seguir diciendo que «aún no se poseen los elementos que permitan una información suficiente porque los hechos no se han concretado» y es algo que «choca contra esta norma». Por ello, han pedido que concrete los delitos que se imputan a Sonia Castedo para poder defenderse.

En el delito de tráfico de influencias, inciden los letrados en que se especifique cuál ha sido el acto de presión eficiente y si las resoluciones investigadas se pueden considerar definitivas. El escrito incide en que la jurisprudencia es unánime al considerar los planes urbanísticos meros actos de trámite. «Simples entelequias que nunca pudieron proporcionar beneficios porque se trataba de actos que no eran definitivos y sus autores carecían de legitimidad para aprobarlos definitivamente», dicen.

Sobre la revelación de información privilegiada, los letrados quieren saber qué documentos se habrían revelado por Castedo al empresario Enrique Ortiz y el supuesto daño causado a la Administración. Y en cuanto al cohecho, reclaman que se aclare qué documentos acreditan la existencia de prebendas. Según las defensas, sobre los viajes a Andorra supuestamente pagados por Ortiz a Castedo la Policía se limita a afirmar que no se han acreditado extracciones de dinero de los cajeros por parte de la exalcaldesa para pagarlos. Y sobre el regalo de un Mini la investigación se limita a hacer referencia a información contable de Ortiz. Las defensas se quejan de que ignoran si las nuevas diligencias afectan a la imputación de su representada.

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