La juez del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia mantiene la imputación del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez «Aspar» en la causa en la que investiga la compra de Valmor -la empresa encargada de la organización de la Fórmula 1 en Valencia- aunque pospone su declaración a fechas posteriores a las elecciones generales convocadas para el próximo 20 de diciembre. Contra esta decisión del juzgado de Valencia cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días.

Así lo señalaron ayer fuentes conocedoras de la decisión, que han explicado que el expresidente Camps debía comparecer en el juzgado para declarar como imputado el próximo 18 de noviembre, aunque su comparecencia se ha pospuesto hasta escuchar a testigos propuestos y tener traducidos unos documentos y contratos del inglés al castellano.

El auto con fecha de 30 de octubre revoca y deja sin efecto una providencia del 7 octubre del mismo juzgado en la que se citaba a declarar como imputados a Francisco Camps, la exconsellera Johnson, y al expiloto Aspar. Frente a ese auto del 7 de octubre, el expresidente Camps, que se representa a sí mismo, interpuso un recurso de reforma que ha sido estimado por el juzgado en el que alegaba que existe un contrato que tiene una «importancia radical» y que no ha sido traducido. En concreto, se refiere a un contrato del junio de 2007 entre Valmor Sports, S.L., APM SPORTS, LTD y Bancaja, cuya falta de traducción podría generar indefensión.

La juez ha adoptado esta decisión después de preguntar a las partes su parecer. Entre ellas, el Ministerio Público no se opuso al considerar que era necesario interrogar a los testigos en primer lugar y posteriormente tomar declaración a los imputados. Así, Camps declarará después de las elecciones generales del 20-D.

De esta forma, según aclaró ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, la declaración prevista de los tres imputados «se deja en suspenso, no hay nueva fecha, no se modifica la condición en el procedimiento de ninguno de los personados y cuando se haya practicado la diligencia se acordarán nuevas fechas para declarar».

Según fuentes consultadas, esta decisión de la jueza también obedece a la petición de que declaren en la causa en primer lugar una serie de testigos. En concreto, Fiscalía propuso la citación en esta condición del expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

En su escrito, junto a estas testificales, el fiscal interesaba la declaración de la mayor parte de los miembros del Consell que intervinieron en la compra de Valmor, entre otros, la actual presidenta regional del PP y exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig; el exvicepresidente del Consell y máximo dirigente del partido en la provincia de Alicante, José Císcar; y el exconseller de Justicia Jorge Cabré, quien actualmente es fiscal en Valencia.

El pasado junio el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ordenó investigar la compra de Valmor -la empresa encargada de la organización de la Fórmula 1 en Valencia- por parte de Generalitat y pidió a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que estudie posibles contrataciones irregulares en torno a la llegada de la competición a Valencia. En este juzgado recayó la causa tras perder el TSJ la competencia al quedarse el procedimiento sin personas aforadas porque el expresidente Camps perdió esa condición.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó «ni un euro», en perjuicio de los fondos públicos y la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos.

Los otros dos son la orden que Camps dio a la entonces consellera Lola Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares «sin asumir ningún derecho».