La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha instado hoy al Gobierno a "dejar de jugar con la salud de los ciudadanos" y le ha reclamado la derogación de la reforma sanitaria de 2012 para que todas las comunidades puedan ofrecer atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, informa Efe.
En estas declaraciones, la también secretaria de Igualdad del PSOE ha recordado que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, anunció hace tiempo que iba a corregir su "error", pero le falta asumir las consecuencias y derogar la reforma sanitaria de 2012. Además, ha recordado que la Comunidad Valenciana pidió en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la universalidad de la atención sanitaria se incluyera en el orden del día, pero se tuvo que tratar en el turno de ruegos y preguntas.
Asimismo, la dirigente socialista ha apuntado que el Ministerio de Sanidad no ha querido debatir con las comunidades sobre esta cuestión en "el foro adecuado", que es el Consejo Interterritorial, y "después se ha sacado de la manga un documento que ha quedado en nada". Al parecer, añade, "a Mariano Rajoy le gusta que la Comunidad Valenciana sea un referente en corrupción por el anterior Gobierno del PP y no le gusta que sea un referente en devolución de derechos por el actual Ejecutivo presidido por Ximo Puig".
Montón ha explicado que la Comunidad Valenciana acatará la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la ley valenciana, que prevé la atención sanitaria para inmigrantes irregulares, al haber admitido a trámite el recurso que el Gobierno central presentó contra esta norma: "Sabíamos que esto iba a suceder, pero vamos a mantener la atención sanitaria a las personas en situación irregular y no vamos a poner en riesgo la salud de nadie en la Comunidad Valenciana".
La consellera ha precisado que la Comunidad Valenciana elaboró unas instrucciones sobre la universalidad de la atención sanitaria, aunque dio un paso más llevando un decreto ley a las Cortes Valencianas. Ahora, el Tribunal Constitucional ha suspendido el decreto ley, pero la Comunidad Valenciana se acogerá a las instrucciones que son similares a la que se han puesto en marcha en otros territorios como Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura.
