El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha señalado este jueves que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "adolece de incoherencia" por manifestarse "satisfecho" tras la reunión sobre financiación que mantuvo este lunes con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y posteriormente, el martes, denunciar "la persecución" del Gobierno central a la Comunidad tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Ejecutivo contra la Ley valenciana de acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, informa Europa Press.
En estos términos se ha manifestado Moragues tras una rueda de prensa en Valencia en la que ha hecho público el balance de criminalidad en la Comunidad durante el tercer trimestre del año. Preguntado sobre la posibilidad de que el gobierno valenciano lleve a los tribunales al Estado por la financiación, el delegado del Gobierno ha asegurado que Puig "adolece de incoherencia en sus manifestaciones" porque el lunes, tras su reunión con Rajoy, "salió satisfecho", y el martes señaló que "el gobierno --autonómico-- tiene una persecución" por parte del Ejecutivo central.
En alusión al jefe del Consell, el portavoz 'popular' ha criticado: "Primero dice que el FLA es un engaño y después dice que está satisfecho con el reparto adicional del FLA; no sé si es que viene condicionado por sus socios pero evidentemente demuestra incoherencia ante sus planteamientos". Respecto a la posibilidad de que la Generalitat lleve a los tribunales al Gobierno central por el modelo de financiación, el delegado ha asegurado que "ya hemos oído de todo'', para acto seguido recriminar la actuación de la Generalitat: ''Primero la consellera de Justicia --Gabriela Bravo-- dijo que era una irresponsabilidad recurrir; después dijeron que recurrirían; después que no, para añadir que recurrirían si Rajoy no recibía a Puig, ese era el condicional. Ahora Rajoy recibe a Puig y él sale satisfecho, y al día siguiente dice que va a recurrir". En este sentido, ha apuntado que "todos sabemos que ese recurso no tiene recorrido ni alcance en el Tribunal Constitucional (TC), incluso lo ha reconocido el gobierno autonómico".
Ante esta circunstancia, Moragues se ha preguntado, a modo de crítica, "¿de qué estamos hablando?". "¿Hablamos de malgastar los fondos destinados a la administración de justicia; de presentar recursos ante el TC que sabemos que vamos a perder? ¿Estamos malgastando los fondos dedicados a justicia y saturando esta administración? ¿Estamos politizando la administración de justicia utilizando el TC para fines políticos cuando se sabe que no va a estimar ese recurso?".
Asimismo, Moragues se ha preguntado: "¿cuál es el criterio jurídico en base al que decides recurrir o no? ¿que te reciba Rajoy?'', al tiempo que ha apuntado que ahora que el presidente del Gobierno ha recibido a Puig, éste "está volviendo a pensar si recurre o no".
Por otro lado, preguntado por la paralización cautelar de la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, Moragues ha apuntado que se trata de "una cuestión de forma y no de fondo". Además, el delegado, quien ha afirmado que la Constitución dice que el Estado debe ''establecer esas cuestiones'', ha apuntado que "estamos hablando de a quién le corresponde dictar una ley en materia de asegurados, prestaciones sanitarias y financiación".
En este sentido, ha subrayado que el Ejecutivo está "consensuando y armonizando" con todas las comunidades autónomas un documento específico mediante el que se ampliaría la asistencia primaria a los inmigrantes ilegales que no sean mujeres embarazadas y niños, quienes, según ha destacado, ya reciben asistencia en los hospitales valencianos. "Lo que no puede haber es un diferente tratamiento en la Comunidad que en Castilla-La Mancha, Galicia o Madrid; tiene que haber un tratamiento uniforme, por eso la Constitución dice que es competencia del Estado", ha explicado Moragues, quien ha añadido que "se están buscando acuerdos y consensos entre comunidades para armonizarlo y que la Comunidad Valenciana no vaya por libre".
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno central recurrió la medida de la Generalitat "porque lo que ha aprobado es una ley". "El gobierno valenciano, a diferencia de otros gobiernos, aprobó una ley, que es un decreto ley que luego fue convalidado, y esa fue la diferencia respecto a otros gobiernos autonómicos", ha destacado Moragues, quien ha reiterado que "para editar una ley, la Constitución dice que tiene que ser el Estado".
Por último, el delegado ha apuntado además que las personas inmigrantes en situación irregular son atendidas en los hospitales valencianos, ya que "la reforma sanitaria de 2012 amplió en 800.000 las tarjetas sanitarias". "Son personas que tienen derechos humanos", ha expresado Moragues, aseverando que el Gobierno "es sensible" a la situación de estas personas.
