Después de cuatro meses de espera, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se presentó en La Moncloa con un listado de reclamaciones con las que, como recalcó, trata de sacar de la «invisibilidad» a la Comunidad. Pero el «cara a cara» de una hora y cuarto con Mariano Rajoy no se salió del guión. Cordialidad, buenas palabras, cortesía institucional... pero, al final, ambigüedad, poca claridad y, sobre todo, ningún compromiso concreto para acabar con la marginación que sufre la Comunidad en el reparto de los fondos del Estado desde hace décadas. Un panorama que condena a la Generalitat, por ahora y como certificó el encuentro de ayer entre Rajoy y Puig, a vivir de la respiración asistida de los rescates, una forma que tiene Madrid de limitar el margen de maniobra de las autonomías al controlar, de facto, la deuda con la que se pagan las facturas que permiten gestionar el «día a día».
Y eso fue lo único -quitando la «anécdota» de autorizar la llegada de un barco con 1.200 refugiados- que le arrancó Ximo Puig a Mariano Rajoy: los cerca de 1.400 millones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) -el eufemismo inventado para disfrazar el rescate a las autonomías- que llevaban bloqueados desde el verano cuando la coalición de izquierdas formada por los socialistas y Compromís llegó al Palau de la Generalitat. Una cantidad -correspondiente a la cobertura del déficit de 2014- que el Consell esperaba como agua de mayo para saldar deudas con proveedores y terminar el año. En plata: Rajoy le facilitó a Puig el dinero de un préstamo bancario que, con posterioridad, habrá que devolver. Pero, en realidad, evitó entrar en el fondo de la cuestión y poner encima de la mesa un calendario para acabar con el expolio que sufre la Comunidad. Más allá de buenas intenciones y de la filosofía, ni puso fecha a mejorar la financiación, ni se comprometió a incrementar las inversiones, ni a pagar la deuda histórica, ni siquiera a compensar al Consell mientras todo eso se negocía para cubrir el desfase de 1.300 millones con el que arrancan las cuentas autonómicas de 2016.
En la práctica, el encuentro entre Ximo Puig y Mariano Rajoy, solicitado por el presidente de la Generalitat hace cuatro meses -justo después de su investidura- pero que La Moncloa ha ido demorando entre cruces de declaraciones, nació completamente muerto. En primer lugar porque las Cortes Generales ya están disueltas y Rajoy, al menos hasta ver el resultado de las elecciones generales en las que opta a otro mandato, es un «pato cojo» con poco margen de maniobra. En unos comicios en los que el abanico parlamentario se abrirá hasta consagrar el final del bipartidismo y con Ciudadanos a la caza del votante del PP, Rajoy evita mover ficha en las cuestiones que puedan originarle problemas o abrir melones innecesarios. Y segundo porque, en estos momentos, toda la escena política está contaminada por el desafío soberanista catalán. De hecho, a pesar de que Rajoy recibía al representante de una autonomía en quiebra y con graves problemas, en Madrid interesaba más conocer la opinión de Puig sobre la situación en Cataluña que sobre las exigencias que le puso encima de la mesa a Mariano Rajoy para paliar el maltrato que sufre la Comunidad.
A pesar de la falta de compromisos del presidente del Gobierno, más allá de seguir engordando la bola de la deuda con los préstamos del rescate, el jefe del Consell, al menos y aunque nunca se salió de la moderación, sí fue muy claro en sus reivindicaciones con la argumentación de que, en estos momentos, se están vulnerando los derechos de cinco millones de valencianos que no pueden disfrutar de las mismas condiciones que en el resto de España cuando es la cuarta auonomía en población y en aportación al PIB. Al margen de solucionar el mencionado retraso en el rescate para acabar con los problemas de tesorería, el presidente de la Generalitat le lanzó el guante a Rajoy de la reforma de la financiación autonómica, un modelo caducado desde enero de 2014. «Queremos un sistema que acabe con las guerras y que aborde el reparto de toda la tarta. No sólo de una parte. Un sistema equitativo que acabe con la marginación de la Comunidad Valenciana», apuntó Puig.
Sin fecha concreta ni hoja de ruta para la reforma de la financiación, todavía era más difícil que Rajoy, especialista en retrasar la solución de los problemas hasta que se pudren, entrara al resto de los trapos. El jefe del Consell propuso, mientras se demoran las conversaciones sobre el modelo de reparto de los fondos del Estado, un mecanismo de compensación transitorio para cubrir los 1.300 millones del presupuesto de 2016 en una Comunidad, dijo, en la que «no se malgasta el dinero ni se hinchan las cuentas». Planteó una quita del «agujero» de 40.000 millones que arrastra la Generalitat, producto, soltó, del «despilfarro» y de los «fallos» en la gestión de los gobiernos del PP pero también de la infrafinanciación. En estos momentos, el Estado es el principal acreedor del Consell: controla el 61% de la deuda. Así que Puig puso sobre el tapete la opción de una quita -como propuso hace unos días el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues- por valor de unos 13.000 millones para aliviar las arcas de la Generalitat.
Apeló a la necesidad de mejorar las inversiones. Y lo hizo con números. El recorte inversor en el conjunto de España ha sido, si cabe, todavía mayor en la Comunidad: cinco puntos por encima de la media. Y encima lo poco que se promete, vino a decir, ni se ejecuta ni se licita. De los millones que se anunciaron para 2015 apenas están en marcha el 11%. Ximo Puig puso especial énfasis en acelerar las obras del Corredor Mediterráneo. «La Comunidad no puede esperar más», subrayó el titular del Consell que se mostró «moderadamente satisfecho» y dando entender que hay puertas abiertas pero que, al final reconoció, evidencia de que Mariano Rajoy le dio largas e hizo oídos sordos, que aún no está descartada la vía de los tribunales. «Jamás lo haremos sin solución», concluyó.
