Por fin llegó el gran día que tanto ansiaba el Consell de Ximo Puig. El presidente de la Generalitat se desplazará hoy a Madrid para reunirse con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Cuatro meses después de su toma de posesión, y tras varios intentos fallidos, Puig podrá trasladar esta tarde a Rajoy las principales reivindicaciones de la Comunidad. La mayor, cómo no, tendrá color económico.
Un anticipo de 1.300 millones para cumplir con el déficit
Esa será la petición estrella del presidente. Tras años y años, convertidos ya en más de una década, de discriminación con el modelo de financiación autonómica, el jefe del Consell exigirá esta tarde a Rajoy un anticipo de 1.300 millones de euros para cuadrar las cuentas. La solución es sencilla. Consciente de que el nuevo sistema de reparto de fondos no podrá estar listo para el 1 de enero de 2016, Puig pedirá un adelanto de las entregas a cuenta para aliviar las tensiones financieras de la Generalitat. Fuentes de la Conselleria de Hacienda avanzaron ayer a este diario que la propuesta consistirá, básicamente, en solicitar una transferencia por adelantado y que, cuando entre en vigor el próximo modelo, esa cuantía se vaya descontando de las entregas mensuales. Sería una medida «extraordinaria» que ayudaría al Ejecutivo a garantizar sus pagos y que, de paso, contribuiría a acercarse al objetivo de déficit de 2016. El Consell, de hecho, ha decidido incluir esa partida en el proyecto de Presupuestos del próximo ejercicio.
El también secretario general del PSPV aprovechará su visita a La Moncloa para poner sobre el tapete el expolio que han sufrido las arcas valencianas con los sistemas de 2002 -aprobado con el popular José María Aznar en la Presidencia- y de 2009 -con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno-. Y es que en la actualidad la Generalitat se ve privada de ingresar 1.000 millones de euros anuales que, en teoría, le corresponderían en función de su población.
Y a todo ello se suma, además, que el actual modelo de financiación tendría que haber expirado el 1 de enero de 2014. Pero el Ministerio de Hacienda decidió posponer la aprobación del nuevo para evitar una guerra abierta entre comunidades, según sentenció Cristóbal Montoro, a la conclusión de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El malestar en la Generalitat es de tal calibre que incluso ha amenazado al Gobierno con llevar el tema a los tribunales. Y más, cuando el equipo de trabajo que debe estudiar las aportaciones del nuevo sistema todavía no se ha reunido.
Esa discriminación se ha visto compensada a través de otra vía: los préstamos del rescate. El famoso Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el plan de pago a proveedores han ayudado al Consell a sortear el default, pero de igual manera han contribuido a disparar su deuda. Hoy, ya rebasa los 40.000 millones. Pues bien, Puig también sacará a colación esos créditos. Y lo hará para reivindicar la llegada de 1.400 millones que sirvan para cubrir los vencimientos de deuda y que, en teoría, tendrían que haber llegado este pasado verano.
Corregir el agravio en las inversiones estatales
El agravio de la financiación no es el único que sufre la Comunidad por parte del Gobierno. Año tras año, las comarcas valencianas ven cómo los Presupuestos Generales del Estado les discriminan en el reparto de inversiones. Puig tiene previsto trasladar su queja a Rajoy, aunque poco efecto surtirá. Sobre todo, porque las cuentas ya están aprobadas y el margen de maniobra, a escasos dos meses de las elecciones generales, es más bien nulo.
Desbloqueo urgente del barco de Baleària
Puig también tiene previsto sacar en el encuentro de esta tarde el asunto del barco cedido por Baleària y que el Consell tiene listo y está dispuesto a costear para traer a Valencia refugiados afectados por la crisis humanitaria siria. Este ha sido uno de los temas que ha ocupado las tres cartas que el presidente ha enviado a La Moncloa ante la falta de comunicación con Rajoy. El Gobierno reaccionó al anuncio de la Generalitat bloqueando la salida del barco, con el argumento de que la respuesta debía ser coordinada por el Estado una vez se supiera cuántos refugiados podía acogerse dentro del marco europeo. La Generalitat, en cualquier caso, ha maniobrado para tratar de llevar sus planes adelante, llegando incluso a reunirse con el Acnur en la reciente visita de Puig a Nueva York.
Sustituir los recursos judiciales por comunicación
Además de medidas concretas, el jefe del Consell tiene intención de reclamar a Rajoy un nuevo clima de diálogo, aunque el mandato esté ya agotado. Para evitar la incomunicación de estos meses, pero también para que la relación entre administraciones no se base en recursos judiciales como el que el Gobierno acaba de presentar contra el decreto valenciano que devuelve la sanidad a los inmigrantes irregulares, indicaron desde Presidencia.
