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Canal 9 y Ràdio 9 en Alicante, a la Ciudad de la Luz

El Consell ultima una demanda para rescindir el alquiler de 29.000 ? al mes hasta 2029 por la sede actual y recuperar dinero

Solventar dos problemas y ahorrar unos cuantos millones. Es el plan que tiene trazado el Consell en la reapertura de RTVV y respecto a la delegación de Alicante. Pretende impulsar el centro de producciones en la capital alicantina, ubicarla en la Ciudad de la Luz para facilitar el vínculo de Canal 9 con el desarrollo del sector audiovisual y aprovechar unas instalaciones, concebidas para ser el Hollywood de la Comunidad, ideales para rodar producciones propias. Esos proyectos chocan con problemas legales e hipotecas económicas respecto de la actual sede de la televisión autonómica y del complejo de cine.

El centro de producción de programas en Alicante estaba en un edificio pagado por RTVV -costó 4,8 millones- y construido en un terreno privado sobre el que en 2002 Canal 9 adquirió un «derecho real de superficie». El acuerdo firmado establecía que el propietario pasaba a cobrar un canon mensual de 29.000 euros (349.990 anuales) en virtud de un contrato a 33 años, prorrogable hasta cincuenta, el máximo plazo previsto por ley para amortizar un edificio, según fuentes próximas a los liquidadores. El contrato vence en 2029. Pero el actual Consell no está dispuesto a asumir el lastre económico de la herencia de un acuerdo que consideran leonino y sangrante. De hecho, cuenta ya con dos informes jurídicos para poder denunciar el contrato y reclamar daños y perjuicios, además de rescatar sin la penalización prevista en caso de rescisión por parte pública. El acuerdo firmado por el Gobierno de Camps establece que en caso de producirse seis meses de impago de alquiler, la Generalitat perdería la propiedad. La sede principal de Ràdio 9 se ubicará en el centro de producciones de Burjassot para ahorrar, como en la última etapa.

Paralelamente, el Consell pretende quedarse con Ciudad de la Luz, pendiente de la segunda subasta tras quedar desierta la primera. La UE condenó al complejo a devolver 265 millones recibidos de la Generalitat de forma ilegal.El presidente Ximo Puig pidió a Bruselas que permita elevar el precio de salida (ahora en 19 millones) para que quede desierta y revierta al Consell, que no puede pujar.

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