Los alicantinos que esperaban que el nuevo Consell de Ximo Puig sería capaz de revertir la deriva de recortes inversores en la provincia durante la etapa de Alberto Fabra se topan ahora con la cruda realidad. Al menos en lo que se refiere a la Conselleria de Vivienda, Vertebración del Territorio y Transportes para 2016. El departamento que dirige María José Salvador vuelve a pagar los platos rotos de la agonía financiera de la Generalitat y no podrá comenzar ni un proyecto nuevo, centrando los fondos en el pago de obras ya realizadas que siguen sin abonarse (avenida de Dénia) o la ampliación del Centro 14 de Alicante y que se llevan gran parte del esfuerzo presupuestario. Un año más, y van cinco, el proyecto de la variante ferroviaria de la Serra Grossa, clave para aumentar los servicios del tranvía, se queda en el cajón y no hay ni un euro para terminar el túnel (10 millones de euros) que falta por completar, cuya equipación se paró en la primavera de 2011. Mientras, el desarrollo del tranvía en Valencia sí que tiene presupuesto. Más de 16 millones para mejorar diferentes tramos, según figura en la documentación hecha pública ayer en la web de la Generalitat.
La Conselleria manejará un total de 343 millones de euros, tres más que este año. En política de vivienda, destacan los cerca de dos millones de euros que se invertirán en la rehabilitación de las viviendas sociales que forman parte del parque público de la Generalitat, entre las que aparecen las 200 viviendas inhabitables que se han encontrado los técnicos en la provincia cuando se han puesto a actualizar el censo de pisos de cara a crear una red de alquiler social. En materia de rehabilitación, la Conselleria invertirá un total de 403.000 euros en el casco antiguo de Orihuela; 92.000 euros para la cubierta de la iglesia de Santa Cruz de Pedreguer; 486.000 en la reforma de la iglesia de Tabarca y 9.000 euros en la reurbanización de la Plaza de los Deportes en Altea.
En cuanto a infraestructura viaria, curiosamente la partida con mayor presupuesto es la que se refiere a la Avenida de Dénia, finalizada hace años aunque nunca se completó el proyecto original por la falta de carril-bici; y la adecuación del tramo Calasancio-Goteta, que se lleva 15,6 millones de euros para pagar lo que falta de abonar de la obra. Otros 13.000 euros hay consignados para la variante de Aspe; 76.000 euros para duplicar la variante de Torrevieja y 248.000 para la variante de la CV-70 entre Alcoy y Benidorm. Curiosamente, el Consell sí que ha tenido en cuenta la reivindicación del presidente de la OAMI, Antonio Campinos, y en las cuentas de 2016 ha consignado una partida de 20.000 euros para construir un carril-bici que conecte el barrio de San Gabriel con la oficina europea alicantina.
En el capítulo de infraestructura portuaria, más de lo mismo. Ningún proyecto y el poco presupuesto que se habilita es para pagar obras pendientes como los 1,8 millones de euros para saldar los plazos de las obras del paseo marítimo de la playa de Poniente de Benidorm, que se seguirá teniendo que amortizar en 2017 (1,845 millones) y en 2018 (1,9 millones). Otras partidas habilitadas se destinan al puerto de Dénia (reparación y accesibilidad al contradique) con 260.000 euros y 180.000 euros para la prolongación del muelle de ribera de la capital dianense.
