El fiscal pide inhabilitar 7 años a dos técnicos municipales de Alicante por favorecer a Ortiz

Anticorrupción acusa de prevaricación a los dos funcionarios que determinaron que la limpieza del cementerio se adjudicara al empresario

30.10.2015 | 19:55
El fiscal pide inhabilitar 7 años a dos técnicos municipales de Alicante por favorecer a Ortiz

El fiscal ha pedido siete años de inhabilitación a dos funcionarios del Ayuntamiento de Alicante por favorecer al empresario Enrique Ortiz en una contrata municipal, según confirmaron a este diario fuentes del ministerio público. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, acusa al ex jefe del área de Atención Urbana, ya jubilado, y al de Sanidad y Consumo, Victor López y Diego Agulló respectivamente, del delito de prevaricación por los informes que determinaron que Ortiz ganara el concurso público celebrado en octubre de 2009. El contrato salió a concurso por un precio anual de 392.000 euros anuales durante dos años, ampliables a otros dos años más.

A la contrata optaron en su día tres empresas y una de ellas, Multiservicios Tritón acabó presentando una querella denunciando que la contrata se había adjudicado a la empresa más cara y que investigó el juzgado de Instrucción número de Alicante. Tritón ofertó 723.083 euros frente a 774.841 euros de Ortiz. El apartado de mejoras en el proyecto fue el aspecto decisivo para que la contrata fuera a éste último, donde los técnicos le dieron la máxima puntuación.

El fiscal considera que para examinar las ofertas de las tres empresas no se aplicaron los mismos criterios, según un informe pericial aportado a la causa. El pliego de condiciones establecía que las mejoras introducidas en la oferta no debían superar el 2% del presupuesto. En el caso de la propuesta de Ortiz, estas mejoras suponían un 8% (15.680 euros), pero fueron computandas como gastos generales de la empresa, evitando que se elevara aún más el presupuesto para optar al servicio y determinando que obtuviera la puntuación más alta.

Asimismo, el ministerio público considera que el funcionario ocultó que dos de sus hijos estaban trabajando para Inusa, una empresa de Ortiz, lo que determinaba que el técnico debería haberse abstenido. Por su parte, a Agulló se le imputa el haber ratificado el informe de su compañero pese a estas deficiencias, hecho que determinó que la junta local de gobierno adjudicara el contrato a Ortiz.

El juzgado de Instrucción número uno de Alicante está pidiendo a las partes que presenten sus escritos de conclusiones, tras lo que se decretará la apertura de juicio oral y se enviará la causa a un juzgado de lo Penal. Además del escrito del fiscal, se ha recibido otro escrito del Ayuntamiento en el que asegura que no ha tenido perjuicio económico alguno por estos hechos.

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