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Soler asume que se precipitó y negociará con los sindicatos los «comandos» de funcionarios

El titular de Hacienda se muestra comprensivo con el veto de la consellera: «Discrepamos en el procedimiento, no en el fondo»

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, trató ayer de poner sordina al conflicto que se ha desatado estos días entre su departamento y la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas a cuenta de la propuesta de crear «comandos especiales» de funcionarios a los que las consellerias puedan encargar trabajos específicos. La propuesta promovida por Hacienda a petición de Presidencia fue retirada el pasado martes de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 ante el veto de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a quien Soler no consultó para una iniciativa que afecta directamente a Función Pública, área de su competencia.

En declaraciones a este diario, Soler dijo entender la decisión de su compañera de Gobierno, al tiempo que admitió que «quizás» fallaron las prisas por sacar adelante el proyecto. Asumido el error en las formas, Soler defendió el proyecto y se comprometió a sacarlo adelante esta vez dando voz a los sindicatos, un objetivo, remarcó, compartido con Bravo. «Me parece bien lo que ha hecho la consellera porque no discrepamos en el contenido, sólo en el procedimiento», indicó.

Soler se mostró convencido también de que su idea de constituir equipos de funcionarios saldrá adelante por otra vía y que, además, será aceptada por los sindicatos.

De momento, todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de la Función Pública exigieron en la reunión del martes la retirada de un texto que hablaba de la creación de dos unidades administrativas: una de apoyo temporal y otra de servicios comunes. Según los artículos incluidos en ley de reacionalización del sector público (que al final han caído de la ley de acompañamiento) el objetivo era dar potestad al presidente y a los consellers para, tras el acuerdo del Consell, poder reclutar a funcionarios o personal laboral de toda la Generalitat (incluido su sector público) para constituir equipos de élite para trabajar en tares específicas.

Los sindicatos han mostrado su recelo con estos artículos al considerar que el cambio de destino de los empleados públicos podría ser arbitrario y, por lo tanto, de difícil encaje legal. De hecho, Función Pública elaboró deprisa y corriendo la mañana del martes un informe contrario al texto, que constituyó un de las bazas eximidas por Bravo para tumbar la propuesta de Hacienda.

Soler defendió ayer que no hay intenciones ocultas en su iniciativa que busca «poner en valor al personal de la casa y hacer más eficaz la administración». El conseller explicó que hay tareas de la Generalitat que realizan empresas privadas que podrían hacer los propios funcionarios. Esto, reflexionó, supondría un estímulo para los propios empleados y un ahorro para la Administración que, precisó, a veces paga tres veces más porque le hagan fuera lo que podría hacer con sus recursos humanos. «Hay acciones de gobierno que requieren refuerzo», indicó. Y puso ejemplo de funcionarios de apoyo los abogados de la Generalitat o los ingenieros.

Soler justificó la precipitación de la propuesta en el interés del Consell de mejorar la gestión con estas «comisiones interdepartamentales» y apuntó que si se exploró la vía de la ley de acompañamiento es precisamente porque es el camino más corto. «Es verdad que quizás no ha habido reflexión suficiente», admitió, aunque remarcó que se buscará otra vía que «aune voluntades», aunque no dilate excesivamente su puesta en marca.

Idéntica posición mostró el conseller respecto al cambio en el cuerpo de interventores para dar entrada a personal del sector local: «Queríamos más capacidad de elegir, sin demérito de nadie», confesó el conseller, que anunció que persiste su interés de ampliar el acceso a un cuerpo que es vital para el control de la Generalitat.

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