El titular de la Generalitat, Ximo Puig, se entrevistará con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 2 de noviembre para emplazarle a dar una solución a la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. A Madrid, Puig podrá viajar con un nuevo documento bajo el brazo: el informe publicado ahora por el economista Ángel de la Fuente, el experto del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en financiación autonómica y responsable de las balanzas fiscales, en el que hace un recálculo de las necesidades de gasto de las comunidades reajustando los indicadores e introduciendo otros, que luego traslada a la financiación. El nuevo sistema de cálculo certifica que la Comunidad Valenciana es la peor financiada, junto con Murcia, de entre todas las autonomías, a 7 puntos de la media y a 28 de la mejor tratada (Cantabria).
Eso sí, el estudio atribuye a la Comunidad una menor necesidad de gasto de la considerada actualmente -aunque sea un mínimo descenso del 0,26 %-, mientras a otras autonomías les achaca una mayor necesidad que, en el caso de La Rioja, sobrefinanciada por el sistema, alcanza el 5,60 %. La «nueva fórmula», explica el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), «no cambiaría apreciablemente» la distribución de la financiación por «habitante ajustado» (que es la población de derecho corregida por diversos factores), aunque «reduciría en alguna medida la sobrefinanciación aparente de las comunidades situadas en la cola superior de la distribución al corregir al alza las necesidades de gasto de casi todas ellas, y muy especialmente las de las comunidades más pequeñas».
En el caso de La Rioja se aprecia claramente: con el reparto actual, goza de una financiación del 119-120 % (siendo 100 % la media). Con el recálculo de De la Fuente, estaría en el 113 %. Esto es, le saldría una menor sobrefinanciación de lo que se considera actualmente. Queda certificado, sin embargo, que está primada y, además, se evidencia que, del plus actual del que goza, los 6-7 puntos de diferencia entre la situación actual y el nuevo cálculo, no tendrían justificación alguna y habría que eliminarlos ya.
La valenciana no varía prácticamente: en la gráfica se aprecia que tanto con el reparto actual como con la propuesta del experto seguiría en el 93 %, a 7 puntos de la media. Murcia sí bajaría más de un punto y se situaría también en el 93 %. Valencia y Murcia serían las más maltratadas por el sistema, junto con Andalucía y Madrid. La nueva fórmula comporta que Cataluña, cuyas necesidades se reducen un 2,2 % (la mayor rebaja), no estaría infrafinanciada al clavar el 100 %. Canarias seguiría en la media.
A partir de ahí vendrían las sobrefinanciadas. Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Galicia, Asturias y Castilla y León tienen variaciones entre el reparto actual y la propuesta del sabio de Montoro que no llegan al 1 %. Las más beneficiadas por el cambio, refiere el economista, serían las regiones pequeñas. Cantabria, con una necesidad de gasto un 2,7 % mayor, pasaría del 125 % al 121 %. A Extremadura le otorga un 2,4 % más de necesidad, y rebajaría la infrafinanciación del 115 % al 112 %.
De la Fuente lanza su informe «con el ánimo de estimular la discusión informada de cara a la próxima reforma del sistema de financiación regional». ¿Y cómo saca sus datos? Se parte de que la prestación de los servicios no cuesta lo mismo en las autonomías en función de sus características, de forma que, para garantizar un nivel similar, unas necesitan más asignación que otras. Así, se aplican unos indicadores (población protegida equivalente en sanidad, población en edad escolar de 0-16 años o mayores de 65) y unos factores correctores (superficie, dispersión de la población e insularidad) que corrigen al alza o a la baja la población de derecho.
La «equidad», todas en el 100 %
De ahí sale la «población ajustada». Lo que hace De la Fuente es un recálculo de esta cifra ponderando los indicadores a partir del peso real de las competencias en el gasto, distinguiendo la población universitaria o introduciendo correcciones por nivel de precios y renta. En el caso valenciano, la población ajustada disminuye en un 4 % la de derecho (un 4,2 % en la propuesta del experto). Es la autonomía con menor necesidad de gasto, por debajo de Madrid y de Andalucía. En cambio, regiones con población envejecida y dispersa, como Castilla y León, tienen un 8,9 % más de necesidad, que se eleva al 9,8 %.
Si se divide la financiación de cada comunidad autónoma por su población ajustada, se obtiene un indicador «por unidad de necesidad». Como asevera el economista, para que hubiera «equidad» todas las autonomías deberían estar en la media (100 %). El informe constata la manifiesta desigualdad del reparto.
