La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, dibujó ayer en las Cortes un panorama agónico de las cuentas autonómicas provocado por la falta de financiación, de la que responsabilizó a la herencia recibida del PP. «No sé si llegará el día en que no tengamos bisturí y medicamentos en los hospitales», llegó a afirmar durante su primera comparecencia en la comisión de Economía de las Cortes para informar sobre sus líneas de actuación. En su comparecencia, hizo un repaso de su paso por la conselleria y denunció el lastre de la herencia del PP, lo que ha supuesto, entre otros aspectos, un volumen de facturas en el cajón legal por 2.000 millones, en su mayoría gasto sanitario.

Ferrando puso de relieve la escasez de recursos de la Administración autonómica para hacer frente al fraude fiscal. Tan es así que, según denunció, solo hay dos inspectores para luchar contra el fraude fiscal en los tributos propios en toda la Comunidad Valenciana. De ahí la defensa del proyecto del Consell de poner en marcha la Agencia Tributaria Valenciana con el fin de hacer más eficaz la gestión de los impuestos y la lucha contra el fraude. La responsable de Hacienda narró su sorpresa porque se ha encontrado que la Tesorería de la Generalitat dependa de pólizas de crédito y se mostró orgullosa de poner al día pagos de Dependencia. «Algo que era tan fácil y que ha cambiado tanto la vida de la gente», celebró.

La secretaria autonómica de Hacienda explicó que casi la mitad de los 57 millones que supondrá la eliminación del copago social se compensarán con el incremento del impuesto de Patrimonio. Por su parte, el portavoz del PP, Rubén Ibáñez, recriminó a Ferrando que «como el resto del Consell, solo llora», en lugar de centrarse en la gestión. También le reprochó que cree miedo entre los valencianos al afirmar que igual se quedan sin dinero para pagar hasta los bisturís. También compareció el secretario autonómico de Modelo Económico y Financiación, Julián López Milla, quien denunció la caótica situación del sector público y clamó por un cambio del modelo de financiación de las regiones.

Por otra parte, el Consell y todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, reaccionaron ayer airados ante la carta enviada por el secretario de Estado de Administraciones, Antonio Beteta, a la Generalitat en la que le informa de que el Gobierno central no pondrá un euro para pagar la extra de los funcionarios y añade que si no tiene dinero no la abone porque la medida es voluntaria. La misiva, desvelada ayer por INFORMACIÓN, ha envalentonado a los socialistas que en boca de su portavoz en las Cortes, Manolo Mata, contestaron al ministro Montoro que asumirán el gasto en solitario, pero a costa de incumplir aún más el déficit. «Nos empujan a ello», aseguró el socialista que añadió que cuando en 2015 se conozca el déficit público (la previsión del Consell es acabar en un 2,2 frente al objetivo del 0,7) será «falso y perverso».

También el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, terció en la polémica y calificó de «deslealtad política que el Gobierno tome decisiones y después sean las comunidades autónomas «las que paguen». «La actitud que está teniendo el Gobierno con la Comunitat es lesiva porque no es razonable que venga el presidente, el secretario de Estado y ministros a dar mítines y no tengan tiempo para sentarse con el Consell para solucionar los problemas de financiación», añadió el presidente. «Es una falta de respeto y un desprecio a los valencianos», concluyó.

El Ejecutivo Puig necesita un total de 75 millones de euros para hacer frente al pago del 25% que se ha acordado devolver antes de que acabe el año. El resto está previsto para 2016. La Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler dirigió hace semanas una carta a Montoro en la que le solicitaba «por la vía que estime oportuna , la financiación para pagar a los funcionarios». El Gobierno de Rajoy, que fue quien eliminó la paga extra de Navidad en 2012, quiere ahora devolverla en víspera electoral.