No hay tregua en la batalla que libran el nuevo Consell de izquierdas y la Diputación de Alicante, el último bastión de poder que le resta al PP. A una pregunta de Fran Ferri, síndic de Compromís, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, puso fecha al momento en el que tomará el mando de la institución provincial: el primer semestre de 2016, justo después de las elecciones generales para evitar que la disputa se «cuele» en campaña. El Ejecutivo autonómico -formado por los socialistas y Compromís- desarrollará «hasta el final» la Ley de Coordinación de las diputaciones, un instrumento aprobado en 1983 pero que está sin desplegar, para poder ejercer sus competencias generales con «plenitud» y, de paso, quitarse de encima el «contrapoder» que intenta ejercer la corporación alicantina como ariete del PP contra la Generalitat.
«No existe el gobierno provincial», lanzó Puig desde la tribuna en una carga de profundidad, sin citar a nadie, contra la fórmula que usa el equipo de César Sánchez para autodefinirse. La medida, en cualquier caso, estará marcada, con toda seguridad, por una enorme disputa política. La Diputación de Alicante, junto a la de Castellón, es la última trinchera defensiva del PP y desde el Palacio Provincial ya han advertido que no están dispuestos a sacar la bandera blanca. Como se recordará, el portavoz popular en la institución, Carlos Castillo, llegó a advertir de que recurriría a los tribunales para defender su autonomía y sus competencias que, como recalca el PP, dependen de Madrid.
La Generalitat se ha decidido a sacar del cajón el texto de 1983, que tendrá que adaptarse durante un trámite parlamentario, a la vista, por ejemplo, de las resistencias que está mostrando la Diputación de Alicante para colaborar con el plan de ayuda a los libros de texto escolares. Los choques están siendo continuos prácticamente desde que arrancó la legislatura. El titular del Consell dejó claro que su «hoja de ruta» pasa por «llevar hasta el final» esa normativa para que sea «efectiva». «Hay que hacer una nueva ley que con claridad declare de interés general las competencias que se deben gestionar», declaró Puig, que se mostró partidario, en tanto se tramita ese texto, de coordinarse «al máximo» para ejecutar iniciativas conjuntas.
Durante su intervención, Puig dijo estar convencido de que hay que «mejorar» el papel de las diputaciones. «Como están concebidas en la actualidad no tienen sentido. No es de recibo que permanezcan como una cuestión sagrada instituciones que ya están superadas», aseveró. Todas las administraciones deben «optimizar» los recursos para los ciudadanos, según Puig, ya que están al servicio de la gente y no de sí mismas. «No existe gobierno provincial», insistió. «El PP además ha hecho mucho daño a las diputaciones de la Comunidad: han resultado manchadas y desacreditadas», concluyó.
