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El Gobierno sugiere al Consell que deje sin devolver la extra a los funcionarios si no tiene liquidez

Hacienda no colaborará para retornar a los trabajadores públicos el dinero que se les quitó en 2012

El Gobierno, que ha reconocido que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y que solo la crisis le ha impedido plantear una nueva financiación autonómica, no pondrá un euro para contribuir a que la Generalitat pueda devolver otro 25% de la paga extra suprimida a los funcionarios en el año 2012. No solo eso, sino que, por boca del secretario de Estado de Administraciones, Antonio Beteta, insinúa al Consell que si no tiene dinero para devolver esa extra, que no lo haga. Que esa es una medida voluntaria. Así se desprende de la carta, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, que Beteta ha enviado al conseller de Hacienda, Vicent Soler. La misiva es respuesta de la que hace semanas envió Soler al ministro Cristóbal Montoro, a raíz de que el Gobierno aprobara la devolución de la extra a los empleados estatales, solicitándole que aportara, «por la vía que estime oportuna, la financiación para pagar a los funcionarios los atrasos correspondientes a la devolución de parte de la paga extra de 2012». En total, 75,23 millones.

El viernes, el Consell aprobó retornar ese 25% a sus trabajadores. Para entonces, ya sabía del portazo de Montoro, toda vez que la misiva de Beteta está fechada el pasado 6 Pese a ello, el Gobierno valenciano está decidido a seguir adelante al considerar que es de «justicia». El gasto se traducirá en más déficit; Soler auguró que el Consell cerrará 2015 con un 2,2-2,3% de déficit (respecto al PIB) cuando el tope fijado por el Gobierno es el 0,7%.

La carta de Antonio Beteta a Vicent Soler deja claro que la devolución de la extra es voluntaria. Así, recalca que el real decreto ley 10/2015 -mediante el que el Estado aprobó créditos extraordinarios en el Presupuesto del Estado- «señala que corresponde a cada Administración decidir el abono de estas cantidades», un pago, enfatiza, «condicionado a que la situación económico financiera lo haga posible y, por tanto, dentro de los objetivos de déficit y deuda pública fijados conforme a los artículos 15 y 16 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria». Esto es, que cada uno lo abonará si cumple con los límites de déficit y deuda. Añade que el cumplimiento de estos objetivos «ha contribuido a la mejora de la situación económica y financiera que habilita la posibilidad de revertir algunas de las medidas excepcionales de ajuste que se adoptaron en su momento».

«En consecuencia, todas las preceptivas autorizaciones de deuda por parte del Estado están supeditadas al cumplimiento de los objetivos de deuda fijados para cada Comunidad Autónoma para el año correspondiente, sin que tampoco la normativa reguladora de los mecanismos de liquidez prevea en la actualidad la posibilidad de articular financiación adicional con la finalidad que solicita». Es decir, que no le puede dar esos fondos vía deuda ni a través del rescate.

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