El expresidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, consiguió ayer su primer permiso penitenciario apenas diez meses después de ingresar en la cárcel madrileña de Aranjuez. Fabra, que ha alegado motivos de salud para lograr el beneficio penitenciario, estará fuera de la prisión desde hoy hasta el martes. Permanecerá los cuatro días en Madrid, en la vivienda de una de sus dos hijas. Ahora confía en que le concedan el tercer grado -régimen de semilibertad- entre el mes de diciembre y enero, según avanzó ayer su entorno.
El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid concedió ayer la autorización al exbarón del PP provincial. Fabra puede acogerse a este beneficio al sobrepasar el pasado 30 de agosto la cuarta parte de su pena. Ya había solicitado anteriormente el permiso dos veces y se le había denegado, señalaron sus allegados, que indicaron que para lograrlo ha expuesto también un agravamiento de su estado de salud como consecuencia del trasplante de hígado al que se sometió durante el año 2010.
Estos cuatro días de libertad los disfrutará en compañía de sus hijas en una urbanización de Madrid, agregaron las mismas fuentes, que recordaron que Fabra escogió el centro de Aranjuez para poder estar cerca de ellas. Se descarta un regreso a Castellón para evitar los focos mediáticos.
El expresidente provincial del PP se encuentra clasificado como interno de segundo grado, que contempla un máximo de 36 días libres. En julio, inició los trámites para solicitar el tercer grado después de certificar el pago de los 1,4 millones de la multa e indemnización fijados en la sentencia. Este abono ha sido imprescindible, además, para que haya podido acceder el permiso penitenciario. La junta de tratamiento del centro de Aranjuez ha de valorar la petición de tercer grado. La familia espera que en un plazo máximo de dos meses se le apruebe, por el que pasaría a un centro de inserción social. El entorno de Fabra apunta que su estado físico ha empeorado desde que se encuentra en la cárcel, y ésta será la primera razón que esgrimirá para lograr el tercer grado. También su avanzada edad, 70 años. Cuando reclamó el indulto al Ejecutivo central mencionó su enfermad y el trasplante hepático.
Fabra ha visto reducida su pena de los cuatro a los tres años, ya que ha sido condenado a un año por cada uno de sus cuatro delitos de fraude fiscal, y según el Código Penal, ha de cumplir el triple de la pena máxima de un delito (un año), es decir, tres años.
El exdirigente popular afrontará hoy su primera salida de la prisión de Aranjuez, a la que accedió el 1 de diciembre para hacer frente a la condena por estafar 693.000 euros a la Hacienda Pública. Anteriormente, el Gobierno de Rajoy denegó la petición de indulto.
Casi un año antes de entrar en prisión, el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, fue condenado a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la hacienda pública en el marco del denominado «caso Naranjax», un maratón judicial cuya instrucción se llegó a prolongar a lo largo de una década. El proceso sufrió multitud de cambios en el juzgado de Nules (Castellón) encargado de la causa, por la que pasaron nueve jueces.
Fabra se sentó el 2 de octubre de 2013 en el banquillo de los acusados para responder a las acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública en el «caso Naranjax». Fabra se enfrentaba entonces a una petición de hasta 13 años de prisión por parte de Fiscalía, que también le reclama una multa de 1,98 millones de euros y una indemnización de 693.000 euros. Además de Fiscalía, figuraba como acusación la Unión de Consumidores y también es parte en el proceso la Abogacía del Estado. Junto a Carlos Fabra se sentaron en el banquillo su exmujer, Amparo Fernández, así como el empresario Vicente Vilar y su exesposa, Montserrat Vives.
Finalmente, el juez condenó al exdirigente popular a cuatro años de prisión por los delitos contra la hacienda pública, aunque salió absuelto de los de cohecho y tráfico de influencias. Carlos Fabra llegó al juicio oral con el único cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, ya que en junio de 2010 abandonó la presidencia de la Diputación tras 16 años al frente de la institución, mientras que en julio de 2012 dejó de dirigir el PP provincial. Ese mismo año 2013, dimitió como presidente de la promotora del aeropuerto de Castellón tras la apertura de juicio oral.
El origen de este proceso se situó en diciembre de 2003, cuando el empresario Vicente Vilar, propietario de la firma Naranjax y hasta entonces amigo de Carlos Fabra, presentó dos querellas en los juzgados de Nules en las que acusaba al expresidente de la Diputación de cobrarle dinero a cambio de favorecer a su empresa en la comercialización de productos fitosanitarios. A esta denuncia, en 2005, se sumó otra de la Agencia Tributaria por presunto fraude fiscal, que el juzgado admitió a trámite y anexionó al proceso ya abierto. Finalmente, Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel.
