Cuatro meses después de que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Alicante que se reunieron con el empresario Enrique Ortiz respondieran al requerimiento hecho por el instructor de caso Rabasa para que le explicaran estos encuentros, la Audiencia ha resuelto que no tenían que hacerlo. En un auto contra el que no cabe recurso, el tribunal de la sección segunda ha estimado el recurso del fiscal Felipe Briones contra la providencia dictada el pasado marzo por Juan Carlos Cerón, quien hasta esas fechas había venido instruyendo el proceso abierto por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplan urbanístico Rabasa, para que los policías le dieran los pormenores de las dos reuniones que mantuvieron con el Ortiz, imputado tanto en este procedimiento como en el que investiga presuntos amaños en el PGOU de Alicante.
La sala asegura no entender qué se buscaba con esta petición de información, que llega a tachar de «innecesaria», y concluye que «no deben admitirse instrucciones meramente prospectivas que tengan por objeto desmontar lo que no son más que conjeturas».
De los contactos, que se celebraron a instancias del promotor, los instructores de estos procesos se enteraron a posteriori: el del asunto del PGOU, Manrique Tejada, por boca de los agentes cuando ya se habían celebrado y Cerón, al publicarlos este diario. No así el fiscal, que estuvo al corriente de las citas desde el principio.
Mientras Tejada entendió que no hacían falta explicaciones, Cerón optó por reclamarlas, ante lo que el fiscal recurrió alegando que «la Policia Judicial depende de jueces, tribunales y fiscales, pero eso no entraña que no subsista como derivada de la propia investigación penal la posibilidad de que los agentes practiquen actuaciones como ampliación de atestados, contactos con confidentes, averiguación de declaración de nuevos testigos y la atención a los requerimientos de imputados y sus letrados que tiendan a la confesión total o parcial de los hechos». Y agregó que «sólo cuando estos encuentros tengan relevancia a efectos penales deben ponerse en conocimiento del juez o del fiscal, nunca antes ni en el caso de que no sean determinantes para la investigación».
Dado que el juez que sustituyó a Cerón se ratificó en la petición, a Briones no le quedó otra que apelar a la Audiencia, que ahora ha apoyado su postura.
Mientras esto sucedía en el ámbito judicial, la Policía optó por dar las polémicas explicaciones, lo que hizo en los primeros días de junio. Tres folios en los que el inspector jefe de la UDEF, que estuvo presente en uno de los encuentros, explicaba lo que este diario había venido publicando desde que desveló las citas: que fueron dos (el 28 de enero y el 24 de febrero de este año), que se celebraron a instancias del promotor, que éste manifestó su predisposición a colaborar con la Justicia pero que de las reuniones no se obtuvo ningún fruto ante su negativa a admitir que hubiera cometido alguna de las ilegalidades que se le atribuyen. En el escrito que se envió Cerón, el inspector jefe manifestaba su convencimiento en que estos encuentros «no requerían autorización previa», que se desarrollaron «no sólo en cumplimiento de las funciones sino de la obligación de la Policía Judicial de averiguación del delito practicando las diligencias de investigación que se consideren necesarias en tanto en cuanto no afecten a derechos fundamentales que requieran autorización judicial para su vulneración o, en su caso, hayan sido expresamente prohibidas por la autoridad judicial competente».
