La Audiencia de la Alicante será el órgano que, en última instancia, decidirá si se incorporan a la causa abierta por supuestas irregularidades en la tramitación del macroplán urbanístico Rabasa los regalos que presuntamente recibió la exalcaldesa de la ciudad Sonia Castedo de manos el empresario Enrique Ortiz, un asunto que está en la actualidad dentro de la pieza que investiga el PGOU de Alicante. El fiscal Felipe Briones tuvo que recurrir al máximo órgano judicial de la provincia ante el rechazo del entonces juez instructor del caso Rabasa, Juan Carlos Cerón, a tramitar un recurso de apelación contra la negativa a que las supuestas prebendas se investigaran también en el marco de la pieza que indaga la tramitación del plan Rabasa.
Según el fiscal, los presuntos regalos de Ortiz a Castedo, como los viajes a Andorra e Ibiza en 2008 y 2009, un Mini Cooper o la contratación de personas allegadas a la exalcaldesa en empresas del promotor, sirvieron como contraprestaciones por supuestos favores urbanísticos coetáneos ligados a proyectos importantes para la ciudad, como el plan general o el plan Rabasa, que podrían responder a un delito de cohecho continuado. Exregidora y promotor están imputados en ambos procedimientos.
Ante la postura de Cerón a que el asunto de las prebendas se incorporara también a la causa de Rabasa dado que, según argumentó, era algo que ya se estaba investigando en la pieza del PGOU, Briones presentó un recurso que el magistrado rechazó tramitar tras sostener que no cabía hacerlo. Con estos antecedentes, el fiscal recurrió en queja ante la Audiencia cuya sección tercera le acaba de dar la razón, el mismo órgano que se tendrá que pronunciar sobre su pretensiones después de que el actual titular del juzgado que instruye la causa de Rabasa, el magistrado César Martínez, cumpla la resolución de la Audiencia y dé curso al recurso.
Los abogados de la exalcaldesa sostuvieron en su momento que «la petición de la Fiscalía insta a un doble enjuiciamiento a los fines de una condena plural» mientras que la defensa de Ortiz, el letrado Francisco Ruiz Marco acusó a Briones de orquestar una «doble persecución» a través de una «acrobacia procesal para construir una peculiar teoría consistente en afirmar que las dádivas eran genéricas» y atribuir así que los supuestos regalos a Castedo por el PGOU lo fueron también por el plan Rabasa.
En su escrito de oposición a la pretensión del fiscal, le reprochaba Ruiz Marco que venga ahora con esta tesis, cinco años después de que concretara en junio del año 2010 que las presuntas contraprestaciones «lo eran concreta y específicamente para sobornar a la señora Castedo provocando causalmente, con esas dádivas concretas, que ella realizara hechos delictivos o injustos en relación con la tramitación del PGOU».
El letrado mantenía que la posibilidad de que se diera un cohecho continuado obligaría a unificar ambas causas en una sola, concretamente en la que instruye el plan Rabasa por ser más antigua.
