La Audiencia de Alicante ha ordenado al juzgado que investiga el Plan Rabasa que admita a trámite un recurso de apelación del fiscal que persigue incorporar a la causa las contraprestaciones supuestamente recibidas por la exalcaldesa Sonia Castedo (PP) de manos del constructor Enrique Ortiz.
Así consta en un auto dictado hace días por la sección tercera de la institución judicial provincial, al que ha tenido acceso Efe, que estima el recurso de la Fiscalía Anticorrupción contra la negativa del juzgado a tramitar su apelación.
Las diligencias sobre el Plan Rabasa conforman una de las piezas derivadas del 'caso Brugal' y en ellas están imputados tanto Castedo como Ortiz, entre otras personas.
La investigación se centra en la tramitación del proyecto para erigir una macrourbanización y la instalación de la multinacional sueca Ikea en el barrio alicantino de Rabasa y ya fue sobreseída en su día para otros dos denunciados, el predecesor de Castedo en la Alcaldía y exdiputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, y la exsecretaria autonómica de Medio Ambiente María Ángeles Ureña.
El antiguo titular del juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, rechazó el pasado 9 de enero en una providencia incorporar a las pesquisas los supuestos regalos realizados por Ortiz a Castedo, entre los que se encuentran un coche y viajes de vacaciones.
Cerón argumentó entonces que esos hechos ya están siendo investigados por otro magistrado, Manrique Tejada, en otra de las piezas derivadas del 'caso Brugal': la relativa al ya antiguo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, por la que también están imputados Ortiz y Castedo, entre una veintena de personas.
En marzo de este mismo año, el juez que sustituyó a Cerón en Instrucción 6 dictó un auto por el que se negaba a admitir a trámite un recurso de apelación ante la Audiencia formulado por el fiscal anticorrupción Felipe Briones contra la citada providencia, lo que llevó al acusador a interponer un recurso de queja.
La sección tercera de la Audiencia de Alicante ha estimado ahora esa queja del fiscal, ha revocado el auto del juzgado de Instrucción 6 y ha ordenado a éste que tramite el recurso de apelación contra la negativa a incorporar a la causa las presuntas dádivas a Castedo a fin de que otro tribunal de la institución provincial se pronuncie sobre ello.
El tribunal recuerda en su auto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que todas las resoluciones serán recurribles "en atención a su contenido y no a su forma".
En este caso, el juez Cerón resolvió mediante una providencia la petición de la práctica de una diligencia de prueba solicitada por el fiscal cuando debería haber dictado en realidad un auto, contra el que sí cabe recurso de apelación, según los magistrados.
