El Gobierno valenciano prepara para el próximo año una subida del impuesto de patrimonio que afectará «a unas 500 familias», tal como avanzó este diario, y también estudia introducir algún cambio en el IRPF, según han confirmado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Mónica Oltra. «Para muy pocas personas se van a subir los impuestos porque es justo», dijo Puig en una entrevista en una emisora de radio, en la que recalcó que la Comunidad Valenciana tiene 40.000 millones de euros de deuda y quiere que quede claro que los valencianos son «corresponsables» de mejorar la situación económica cuando le pidan al Gobierno central una reforma de la financiación.
«Nosotros no vamos a hacer 'dumping fiscal', como hacen algunas comunidades autónomas», añadió. Por su parte, Oltra habló de la posibilidad de ampliar a las familias monoparentales los beneficios fiscales que tienen las familias numerosas.
La vicepresidenta coincidió en que la Comunidad tiene «unos impuestos anormalmente bajos» para su situación financiera y que con la subida del impuesto de patrimonio la autonomía se pondrá al nivel de la vecina Murcia.
«Que pague todo el mundo»
Para Puig, lo importante es que pague todo el mundo y lo hagan «progresivamente». Según dijo, el problema más grave en materia de impuestos es el fraude fiscal y para combatirlo y mejorar la eficacia se creará una Agencia Tributaria Valenciana que sea un consorcio entre ayuntamientos y diputaciones.
Ambos se mostraron además muy satisfechos con la marcha del gobierno de coalición entre PSPV y Compromís -de «mestizaje», en palabras de Oltra-, e incluso Puig aseguró que en una situación como ésta lo prefiere a gobernar en solitario, porque para sacar adelante la Comunidad Valenciana «cuanto más apoyo social mejor».
La secretaria autonómica de Hacienda, Claro Ferrando, ya había avanzado que, pese a las exigencias del Ejecutivo, la conselleria no aumentará la presión fiscal, pero sí «recalculará» aquellos impuestos que gravan las grandes fortunas. La revisión al alza sugerida por Ferrando afectará al impuesto de Patrimonio (que el PP eliminó y luego recuperó) y al de sucesiones y donaciones. La secretaria autonómica de Hacienda aseguró que este «redimensionamiento» no afectará a las clases bajas y medias.
