Las comunidades autónomas han solicitado una moratoria de dos años en la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2016, debido a que no se ha adecuado un marco de financiación con el que poner en práctica la nueva realidad competencial recogida por la norma.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Sociales, Mónica Oltra, insistió ayer en que el hecho de baremar a las personas dependientes «no puede volver a ser la excusa para bajar de grado» los niveles de dependencia.