Las Cortes enmendaron ayer el estrepitoso fracaso de otoño de 2013, cuando, pese al informe de la Comisión de Expertos sobre la financiación autonómica, en el que se denuncia un agravio de más de 12.000 millones al no gozar la Comunidad Valenciana de los mismos recursos que el resto de españoles, los partidos fueron incapaces de rubricar un acuerdo político unánime para exigir unidos al Gobierno un cambio en el modelo de reparto de los fondos. A las 17.14 horas, los 84 diputados presentes, de un total de 99, respaldaron una propuesta conjunta que mandata al Consell a reclamar al Gobierno una reforma «inmediata» del sistema de financiación «con efectos desde el 1 de enero de 2014» alcanzando «al menos la media de financiación por habitante del conjunto de comunidades»; el reconocimiento de los «déficits de financiación» acumulados «desde que se llevaron a cabo las transferencias de competencias a la Comunidad, cifrados en al menos 12.433 millones desde 2002 a 2013»; y unas inversiones del Estado, «como mínimo, equiparables» al peso de la población de la Comunidad en España (11 %).

El acuerdo, que hoy se pasará a los representantes de la sociedad civil para su firma en el Palau de cara al 9 d'Octubre, pide la definición de un mecanismo para compensar estos «déficits» (elude el término «deuda histórica») y una reparación por la marginación inversora de «los últimos años». En 2013 el pacto no fue posible porque la entonces oposición exigió al PP la garantía de que en el Congreso votaría después lo que ofrecía aprobar en las Cortes. De paso, evitó dar un balón de oxígeno al Consell de Fabra. Ayer, los populares se sumaron «por responsabilidad», según la presidenta del PP, Isabel Bonig. En realidad, se vieron empujados al acuerdo para no quedar aislados. Por la mañana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió a defender el pacto «en todos los ámbitos y gobierne quien gobierne» (en su discurso escrito se leía «independientemente de quien sea el próximo presidente», esto es, Pedro Sánchez o Rajoy), tras las elecciones de diciembre. Es la condición que le puso Bonig cuando hace semanas Puig lanzó el Pacto.

El estreno de Bonig

«A partir de ahora tenemos más fuerza para negociar con el Gobierno de España y pedir lo que nos toca» con el fin de «hacer viable la autonomía de los valencianos», subrayó Puig tras el pleno. A partir del 9 d'Octubre, dijo, «se inicia una etapa en la que vamos a estar ya no en el problema valenciano sino bien cerca de la solución valenciana». Bonig, quien se estrenó como «lideresa» popular, defendió que el PP ha estado «a la altura de las circunstancias» brindando «un consenso que los socialistas nos negaron». Pero dejó patente cuál será su línea cuando, emulando el «váyase, señor González», de Aznar, pidió a Puig la dimisión. «¡Váyase!», le espetó, toda vez que, dijo, solo sabe «lamentar» que no tiene dinero. «¡Menos lloros y más trabajar!», le endosó. Se ganó el aplauso de su grupo y la burla de Puig por la petición de dimisión «a los 100 días». Por el tono general, cualquiera diría que hubo pacto. No extraña que no hubiera foto de grupo.

Carolina Punset (Ciudadanos) justificó el voto porque se trata de «una cuestión de Estado» y arreó a diestra y siniestra. «España no ha sido desleal con los valencianos [como había dicho Puig], sino el PP y PSOE, que no han querido solucionar la financiación». Fran Ferri (Compromís) advirtió que «la democracia valenciana está secuestrada» por la infrafinanciación, mientras el socialista Manuel Mata recriminó que «Madrid ahora nos está matando». Antonio Montiel (Podemos) culpó a PP y PSOE de la situación, e instó a dotar medidas ya en los presupuestos de 2016, «con o sin nueva financiación».