La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha aseverado hoy que la atención sanitaria integral entendida como un derecho fundamental de toda persona es un principio "irrenunciable" para el Gobierno valenciano, y ha alertado de que "con el derecho al acceso integral a la salud no se mercadea".

Montón se ha pronunciado así después de que el Gobierno considere que el decreto valenciano de universalidad de la asistencia sanitaria, que devolvió la atención sanitaria a inmigrantes irregulares en la Comunitat Valenciana, puede haber caído en una "extralimitación competencial" y ser inconstitucional.

La consellera ha explicado que esa norma fue avalada por los servicios jurídicos de la Abogacía General de la Generalitat, y que dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han respaldado medidas similares de extensión de la cobertura asistencial en País Vasco y Navarra para reconocer la universalidad de la atención sanitaria.

En su opinión, la propuesta del Ministerio de convocar una comisión bilateral para negociar con la Conselleria "a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad" no tiene otro propósito que "rebajar el alcance de la medida y recortar derechos" a las personas a quienes el decreto ha devuelto el acceso a la sanidad en las mismas condiciones que el resto.

Montón ha recordado que, en su momento, la Conselleria de Sanidad ya solicitó al Ministerio incluir el debate de la universalidad de la atención sanitaria en España en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el foro adecuado para debatir estas cuestiones, pero el Ministerio "se negó".

Ha asegurado que, una vez aprobado el decreto ley 3/2015 de universalidad de la atención por el pleno del Consell, y posteriormente validado en Les Corts por una amplio respaldo de los grupos parlamentarios y sin ningún voto en contra, la Conselleria no contempla "negociar a la baja el derecho fundamental a la sanidad".

El pasado 24 de julio se aprobó el decreto ley valenciano que garantiza una asistencia integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa, de si cuenta o no con permiso de trabajo o residencia, o si son ciudadanos nacionales o extranjeros.

De esta forma, expone la Conselleria, se resolvió en la Comunitat Valenciana el problema creado por el Gobi