La operadora de telefonía de las Corts fue la que levantó la liebre. El Servicio de Informática del Parlamento, que en un informe interno denuncia el uso fraudulento por parte de algunos diputados de los «smartphone» y, en concreto, la cesión a otras personas de los terminales, así como el «rooteado» para la instalación de programas ilegales, recibió el aviso de la compañía telefónica con la que la Cámara tiene contratado el suministro.
La compañía, que entrega a las Cortes los «smartphone» a cambio del consumo telefónico, detectó que algunos terminales habían sido «liberados» y se estaban utilizando con la tarjeta de otra compañía. Al parecer, algún diputado instaló la tarjeta de las Cortes en su móvil personal (mejor que los Samsung Galaxy A5 entregados finalmente, en lugar de los iPhone 6), luego acudió a un «chino» para liberar el terminal y, finalmente, lo cedió a otra persona, supuestamente un familiar.
Esta situación constituye un supuesto de «incumplimiento de contrato» que podría haber llevado a la empresa a anular el número asignado al parlamentario. En otro caso, directamente el móvil de las Cortes se había cedido a un familiar.
Fuentes del entorno del presidente del Parlamento, Enric Morera, apelaron ayer a la «responsabilidad» de los diputados para que hagan «un buen uso» de los medios que ha puesto a su disposición la institución, con el sobreentendido de que estos recursos son para desarrollar la función parlamentaria, no para disfrute ni propiedad personal de los miembros de las Cortes.
Las mismas fuentes indicaron que ya se ha identificado a los infractores, que los servicios de la Cámara se han puesto en contacto con ellos y que «se han corregido» las situaciones.
Identificación y «espionaje»
Desde el PP, que públicamente declinó hacer declaraciones, se va a reclamar el informe completo y la identificación de los parlamentarios responsables. Entre los populares, no obstante, hay inquietud, al entender que Informática no debería saber qué programas han podido instalarse los diputados en los terminales, algo que corresponde a la «privacidad» y que, al ver en riesgo, les genera «inseguridad».
Como informó ayer este diario, la renuncia de la Cámara autonómica a comprar iPhone 6 a los diputados para evitar el pago de 64.200 euros tuvo consecuencias. El Parlamento optó finalmente por adquirir 99 Samsung Galaxy A5 -con un coste de 32.000 euros-, un modelo inferior al anterior, al igual que el precio, 330 euros, frente a los 650 de los iPhone.
El «problema» es que muchos parlamentarios ya contaban con terminales personales con muchas más prestaciones, de modo que una parte de ellos recogieron los «smartphone» de la Cámara pero, en lugar de utilizarlos ellos, los cedieron a otras personas, familiares, hijos en su mayoría. Y eso que se han ahorrado porque éstos han podido disfrutar de móvil con llamadas (hasta 140 euros, aunque no hay límite) con cargo a las Cortes.
