La Diputación reclama a Puig 18 millones por el ADDA

El PP exige el pago tras conocer el compromiso del presidente del Consell de saldar la deuda con Castellón

06.10.2015 | 07:37

La Diputación de Alicante ha reclamado hoy a la Generalitat Valenciana el pago de los 18 millones de euros que el Consell adeuda por la construcción del Auditorio Provincial (ADDA).

En un comunicado, el equipo de gobierno de la institución provincial, del PP, ha informado de esta exigencia tras conocer que ayer el president de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió a saldar la deuda autonómica de 8 millones de euros con el ayuntamiento de Castellón.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, Carlos Castillo, ha pedido a Puig que "se acuerde también de las deudas que mantiene con los ciudadanos alicantinos y que pague".

"Coincidimos con Ximo Puig cuando asegura que las dificultades económicas que atraviesa la Generalitat no pueden ser excusa para no pagar las deudas", por lo cual exigen que aproveche la oportunidad para demostrar que el Consell trata por igual a todos los ciudadanos de la comunidad.

Castillo ha recordado que "el Auditorio de la Diputación de Alicante es el auditorio de toda la provincia y, durante todo el año, ofrece una completa programación de prestigio y trascendencia internacional, que supone, además, un gran escaparate para promocionar nuestras bandas de música y para llevar a cabo eventos de todo tipo y de gran calado social".

"Los alicantinos también nos merecemos la atención del Consell en asuntos tan importantes como el fomento de la cultura y el desarrollo de infraestructuras estratégicas, como es el caso del ADDA, un edifico emblemático en la ciudad de Alicante, que se ha convertido también en un referente para todos los ciudadanos de la provincia y en un punto fundamental para el desarrollo de la agenda cultural y social de nuestro territorio", según Castillo.

En la etapa de Francisco Camps en la Generalitat, el Consell y Diputación firmaron un protocolo por el que ambas instituciones se comprometían a sufragar, al 50 por ciento, el coste del ADDA, con un tope de 18 millones en el caso de la Administración valenciana (el coste fue superior a los 40 millones).

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