La investigación sobre el «pucherazo» para que la candidatura del actual secretario general de Podemos de Alicante, Jesús Bustos, ganase las elecciones primarias se ha resuelto dos meses después de abrirse. El expediente abierto por la Comisión de Garantías Democráticas de la Comunidad Valenciana suspende de militancia durante un año y sanciona también con un año de inhabilitación para el desempeño de cargos en el seno del partido a diez personas que participaron para que la candidatura de «Sí se puede Alicante» ganara esa votación. Entre ellas quien resultó secretario general de Alicante, el citado Bustos, también la diputada Covadonga Peremarch y otros ocho miembros de la ejecutiva local de Podemos. La resolución queda a expensas de la ratificación de la Comisión de Garantías Estatal, a la que los afectados ya han manifestado que van a recurrir.
La investigación realizada acredita que diez componentes del actual Consejo Ciudadano crearon cuentas falsas en redes sociales «a fin de perjudicar la imagen de otros compañeros de Podemos» para promover sus propias candidaturas y desprestigiar a las contrarias. También se considera probado que falsearon datos en las inscripciones de los integrantes de Podemos para que pudieran votar modificando lugares de residencia e incluso de la edad.
La Comisión de Garantías obliga a los sancionados a entregar información interna como las contraseñas de las cuentas de redes sociales y bases de datos de la formación política en Alicante y les da un plazo máximo de siete días.
Tal y como desveló este periódico el pasado mes de junio, el propio secretario general de Podemos en Alicante dio explicaciones claras y concisas a sus compañeros de candidatura sobre cómo inflar el censo del partido para ganar las primarias. Un chat interno de Wathsapp bautizado como «Ganemos Elda» revela también que la dirección inscribió a personas de fuera en direcciones inventadas y que, incluso, se llegó a apuntar a menores.
Todos los involucrados en el proceso, excepto dos, presentaron alegaciones ante el comité. En ellas manifestaban que el grupo de chat es «privado y no oficial» y aseguran que el historial de dicho chat «está manipulado», que las manifestaciones se han «sacado de contexto» y que se realizaron «en un tono de humor, sarcasmo e ironía». Y niegan una manipulación del censo y de las actas.
La resolución de la Comisión de Garantías es muy contundente y en ella expresa que no puede pasar por alto «el entorno de toxicidad y desprecio hacia otros compañeros que se desprende de la actitud de los expedientados y que sólo se puede calificar de una forma: intolerable».
La última palabra la tiene la Comisión Estatal de Garantías que resolverá antes de un mes.
