Tras anunciar su salida del Palau de la Generalitat como «sacrificio personal» por el bien de la Comunidad, de España y del PP, Francisco Camps se acogió de inmediato a los privilegios de los que pueden disfrutar los expresidentes de la Generalitat Valenciana. Apenas tres semanas después de su renuncia, Camps ya disponía de chófer, secretaria personal y escolta pagados por las arcas públicas. Además, el exdirigente popular también ocupa desde entonces un puesto como consejero nato en el Consell Jurídic Consultiu, por lo que percibe 52.172 euros al año. En este órgano, Camps ha sido el único expresidente en pedir sillón. La normativa del año 2002 reconoce el derecho de los expresidentes a nombrar a dos asesores y un conductor, así como a disfrutar de un coche oficial y de un «local adecuado». Durante esta reciente legislatura, el tripartito ha criticado los privilegios de los expresidentes y ha anunciado que «ya trabaja» para recortarlos, después de que Fabra también se acogió a medias al Estatuto. Por su parte, Ciudadanos ha abogado por eliminar «el refugio» de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. Punset ha instado a reformar el Estatuto para suprimir el órgano y así «evitar duplicidades». c. p.
