La Generalitat prohibirá por ley que los altos cargos se recoloquen en grandes empresas

El conseller de Transparencia anuncia una ley para evitar las «escandalosas puertas giratorias» que prevé poner en marcha en un plazo de dos años

25.09.2015 | 01:55
La Generalitat prohibirá por ley que los altos cargos se recoloquen en grandes empresas

El Consell también estudiará incompatibilidades entre el desempeño de varios cargos públicos a la vez.

«Stop» a las puertas giratorias en la Comunidad, a que los altos cargos puedan hacerse valer de su paso por la administración para conseguir jugosos puestos y sueldos millonarios en empresas privadas. Con este anuncio se presentó ayer el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, en las Cortes para informar sobre las líneas de su departamento para la presente legislatura. Durante su comparecencia, anunció que a lo largo de este mandato se elaborará una ley que regule el Estatuto de los Altos Cargos de la Generalitat y que establezca un sistema de incompatibilidades adecuado a la realidad actual y evite las puertas giratorias. Además, Alcaraz avanzó algunas de las iniciativas previstas en materia de transparencia, participación, prevención y persecución de la corrupción, fomento del autogobierno o cooperación. Con todo, la ley para evitar las puertas giratorias en la Comunidad acaparó los focos.

El conseller Alcaraz reconoció a preguntas de este diario que la citada ley está aún en una fase embrionaria, por lo que resulta «imposible» detallar su contenido concreto. Eso sí, admitió que quiere tenerla lista el próximo año para que entre en vigor en 2017 tras superar los trámites parlamentarios. «Este asunto despierta las sensibilidades de la población porque las puertas giratorias son un escándalo. Eso sí, es una ley compleja ya que no podemos vulnerar otros derechos», señaló Alcaraz, quien admitió que su gabinete técnico ya está «recopilando» información vigente sobre la ley. El conseller precisó que el primer paso será determinar qué actividades tendrá prohibidas un ex alto cargo y luego cuantificar ese periodo de vigencia.

Alcaraz subrayó que la ley no sólo versará sobre el futuro de los políticos tras pasar por la administración, sino también las incompatibilidades durante la etapa en la esfera pública. «Estudiaremos, por ejemplo, si un alcalde o concejal debe ser también diputado autonómico», anticipó el conseller, quien pidió prudencia a los actores implicados en la elaboración de la ley que regule el Estatuto de los Altos Cargos para evitar posibles problemas legales.

Por otro lado, alicantino afirmó que colaborará en la creación de la Agencia Antifraude y aplicará protocolos de actuación para cuando se reciban denuncias de terceros o a través de funcionarios o de la Inspección General de Servicios. También señaló que su área promoverá la aplicación de la ley de Transparencia y elaborará reglamentos para desarrollar, entre otras cuestiones, el Código del Buen Gobierno y la participación, ámbito en el que redactará una ley de Participación más completa.

En respuesta a las palabras de Alcaraz, el diputado popular y exconseller Luis Santamaría le acusó de estar empeñado en reproducir «la mastodóntica administración soviética en la sociedad valenciana» y aseguró que el PP no tiene «ningún temor a que se revise» su gestión. Santamaría lamentó que el actual conseller haya tardado tanto tiempo en acudir a las Cortes y no haya aprovechado su intervención para arrojar luz sobre las sombras que, a su juicio, hay en la gestión del nuevo gobierno valenciano.

En su réplica, el conseller alicantino sostuvo que ha acudido a las Cortes cuando se ha requerido su presencia y además reprochó que hable de sombras un partido que acumula una treintena de sentencias condenatorias durante la pasada legislatura por vulnerar derechos fundamentales de la oposición. Alcaraz aseguró que la ley de Transparencia será de «muy difícil aplicación», pues, según criticó, se trata de una norma «envenenada» que fue aprobada en el último pleno de la legislatura pasada y que daba solo seis meses para su aplicación.

El resto de grupos han ofrecido colaboración al conseller para favorecer la transparencia y evitar la corrupción. La diputada de Podemos Fabiola Meco le pidió que se retiren «las placas y elementos conmemorativos que llevan nombre de políticos corruptos condenados por la justicia». Una propuesta para la que Alcaraz se mostró dispuesto.

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