Milagrosa Martínez luchó «mucho» para llegar a ser una «abogada matrimonialista», pero acabó siendo alcaldesa de Novelda durante once años, consellera de Turismo durante casi tres y presidenta de las Cortes Valencianas otros cuatro. A pesar de toda esta vasta experiencia, Martínez aseguró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que no se siente «capacitada para ejercer una profesión por la que luché tanto» ni para entender la documentación que firmaba en la Conselleria de Turismo y en la Agència Valenciana de Turisme (AVT), que dirigió entre agosto de 2004 y junio del año 2007.

Esta justificación basada en la ignorancia elevada a su máxima potencia vino a cuento porque la ex consellera de Turismo no dejó de recurrir a su mala memoria -«me cuesta recordar lo que comí el viernes», llegó a decir- o a su falta de conocimientos administrativos o jurídicos para explicar a la Fiscal Anticorrupción que ella se limitaba a firmar lo que le ponían delante y a seguir los dictados del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

De hecho, también admitió que cuando dio el salto de la política municipal al Gobierno autonómico, no tenía ni idea del área que iba a dirigir. «Me llamó [Camps] y me dijo que sepas que te acabo de nombrar consellera de Turismo. Y yo le dije: presidente, ¿tú sabes lo que has hecho? No por nada, pero yo de turismo... Yo no sabía ni lo que era Fitur, ¿me explico?», soltó Martínez a la Fiscal, al inicio de su interrogatorio. Así que a Camps se encomendó para que le recomendara a «gente que me diera seguridad administrativa y jurídica. A mi me daban las resoluciones preparadas y justificadas», argumentó la exconsellera. De hecho, Martínez citó contínuamente tres nombres para proteger su inocencia en el presunto amaño de contratos. El de Francisco Camps, de quién seguía «órdenes directas políticas» para potenciar el turismo valenciano. Y los de su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, -imputado en la causa- y de la ex subsecretaria de la Conselleria de Turismo, Isabel Villalonga, -a la que fichó recomendada por Francisco Camps-.

Todas las decisiones que tomó y que han acabado sentándola en el banquillo de los acusados (el cambio en la forma de contratar Fitur, la manga ancha en los gastos extras que confió a su jefe de gabinete, la contratación con la red Gürtel pese a su falta de experiencia de Orange Market, los «pronto pagos» a la empresa cuando otros contratistas tardaban años en cobrar o las subcontrataciones con las empresas del grupo Correa) las adoptó porque así se lo aconsejaron tanto Betoret como Villalonga, según la versión de Milagrosa Martínez.

Aunque también defendió que «nadie» le aconsejó beneficiar a Orange Market, ni desde arriba (en referencia a Camps), ni desde abajo (respecto a sus directos subordinados), en respuesta a la Fiscal y los letrados de las defensas. Y, por supuesto, no tenía ni idea de cómo tenía la empresa satélite del grupo Francisco Correa datos y detalles sobre los contratos de Fitur meses antes de los concursos. «Lo desconozco totalmente», se justificó la ex dirigente popular en el TSJ.

«¿Transmitió usted esta información sobre los concursos?», insistió la Fiscal. «Por favor, en modo alguno...», alegó Martínez. Y negó rotundamente todas las evidencias sobre los regalos que, presuntamente recibió, durante las Navidades de la trama Gürtel o varias comidas con Álvaro Pérez «El Bigotes», recogidas en su agenda. «En las agendas figuran peticiones que no llegan a celebrarse», justificó. «¿Entonces sigue manteniendo que no recibió regalos como un reloj?», insistió la Fiscal. «Totalmente», zanjó tajante la ex consellera.