16 de septiembre de 2015
16.09.2015

Un choque entre Diputación y Consell deja en el aire casi seis millones en ayudas a empleo

La Generalitat denuncia que la institución alicantina es la única que aún no ha puesto en marcha las subvenciones para que los consistorios contraten a parados y que pone en peligro los fondos

16.09.2015 | 10:19

La corporación provincial asegura que sigue el mismo calendario que el año pasado.

Si el plan para la gratuidad de los libros de texto ya evidenció la falta de sintonía que existe entre la Generalitat y la Diputación, ahora son los programas de empleo social que ambos subvencionan los que suponen un nuevo punto de fricción entre ambas instituciones. Y más en concreto el denominado Plan Conjunto, una iniciativa lanzada en su día por Alberto Fabra y que debía movilizar este año cerca de seis millones de euros para que los ayuntamientos de la provincia pudieran poner en marcha planes de contratación de parados.

Se trata de una proyecto compartido, en el que la administración autonómica y la institución provincial deben aportar cada uno 1,9 millones, y más tarde cada consistorio debe poner su parte proporcional hasta completar una cantidad equivalente a esa cifra. El problema, según el Consell, es que a estas alturas del ejercicio la Diputación aún no ha sacado las bases para que los ayuntamientos puedan adherirse al programa, «lo que hace muy complicado que pueda ejecutarse antes de final de año y podría provocar que se perdieran los fondos», según denuncia la secretaria autonómica de Economía Sostenible y directora general del Servef, María José Mira, que no oculta su malestar por este asunto.

Es más, Mira también alerta de las consecuencias que tendría este hecho de cara al futuro ya que, en el caso del Consell, los fondos proceden del presupuestos que el Ministerio de Empleo distribuye entre las autonomías y dejarlos sin ejecutar penalizaría a la Comunidad Valenciana en el reparto de ayudas de los próximos años. «La inacción de la Diputación de Alicante nos puede salir muy cara a todos», se lamenta responsable autonómica, que destaca, además, que tanto la Diputación de Valencia, como la de Castellón publicaron sus bases a principios de junio; y también que muchos ayuntamientos les han transmitido su impotencia «ya que es un dinero que podrían estar utilizando y no les llega».

Desde la institución provincial, sin embargo, no comparten las prisas del Consell y consideran que aún queda tiempo de sobra para poner en marcha el programa. En un primer momento, ante las preguntas de este diario, señalaron que la causa del retraso fue la orden aprobada en junio por el anterior Consell que, dentro de las iniciativas para racionalizar la administración, exigía a las instituciones un informe para poder asumir competencias impropias, como serían las de empleo en el caso de la Diputación. Un documento que la corporación presidida por César Sánchez asegura haber solicitado a la Generalitat en julio y que ésta no le ha respondido; algo que niegan desde el Consell, que sostienen que nunca han recibido la petición.

En cualquier caso, este informe ya no es necesario desde la pasada semana porque el nuevo Ejecutivo autonómico modificó dicha orden.

Temporada baja
Más tarde, el diputado de Hacienda, Alejandro Morant, señaló que la decisión de retrasar hasta septiembre la puesta en marcha del programa de empleo social era deliberada para que «las contrataciones de los ayuntamientos no coincidan con el verano, cuando hay más actividad privada, y ayuden a desestacionalizar la ocupación en los meses en que es más necesario». Además, aseguró que se va a cumplir el mismo calendario del año pasado, cuando «no hubo ningún problema con los plazos y se llegó a tiempo».

Al respecto, Morant explicó que esta misma semana iba a remitir una carta a todos los consistorios de la provincia para que cifrasen sus necesidades de fondos y, en función de las respuestas, «generar la modificación de crédito necesaria y publicar las bases». Al contrario que el Consell, la Diputación optó por no incluir el programa en sus presupuestos iniciales, precisamente, para evitar que su posible no ejecución le penalizara de cara al techo de gasto de los próximos años. De esta forma sólo aprobará la cantidad que pidan los consistorios, que Morant está convencido de que «no será mucha porque los ayuntamientos también se han visto ahora con que deben sacar dinero para pagar los libros de texto».

Para la Generalitat esta actitud supone una «irresponsabilidad» ya que le obliga a tener inmovilizados unos fondos que podría destinar a otros programas de empleo y que, ahora, si se produce cualquier retraso podrían perderse completamente.

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