La Abogacía de la Generalitat va a estudiar si el pago por la sociedad pública Aerocas a la empresa SNC Lavalin por la gestión del aeropuerto de Castellón «se ajusta a la legalidad o no», y en caso de que concluya que pueden haber indicios de delito se llevará a la Fiscalía, «con nombres y apellidos». Así lo afirmó ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, tras el pleno del Consell, donde se pronunció sobre la investigación de la Unión Europea para determinar si Aerocas, la Diputación de Castellón y el Consell concedieron alguna ventaja económica a la empresa SNC Lavalin.
La vicepresidenta explicó ayer que, en mayo de 2014, el Gobierno autonómico de Alberto Fabra adjudicó a SNC Lavalin un contrato para la gestión y explotación de ese aeropuerto hasta 2033 a cambio de 24,5 millones de euros, que se tenían que pagar en años sucesivos, si bien el pasado mayo, «caducado el gobierno», le pagaron 12 millones. «Por si acaso las prioridades del siguiente gobierno no eran saquear las arcas públicas a través de pagos como estos», sino atender políticas sociales, «les dieron 12 millones de euros que no era preceptivo dar este año», añadió Oltra, quien sostuvo que facilitarán toda la información necesaria a la Comisión Europea sobre este asunto.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, resaltó ayer que desde la Administración Pública «ni ha habido ni habrá ninguna ayuda a ninguna compañía aérea» al ser preguntado por si Ryanair ha recibido algún tipo de compensación por operar en el polémico aeropuerto de Castellón. «En Castellón no se ha puesto ni un euro para que arrancasen los vuelos», concluyó el dirigente popular.
