Lejos de encarar su recta final, a la instrucción penal que desde hace cinco años pretende aclarar si hubo amaños en el que iba a ser el planeamiento urbano de Alicante se le acaba de abrir una nueva línea de investigación: los negocios que el empresario Enrique Ortiz hizo con Bancaja. Unas relaciones comerciales que aparecen ampliamente detalladas en el informe que la auditora KPMG realizó a instancias de Bankia y que les sirvió a los actuales responsables del banco para presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, actuación que dio pie, entre otras, a la pieza abierta en el juzgado Central 3 de la Audiencia Nacional, que el pasado julio provocó la detención de la última cúpula directiva de Bancaja y de su filial, el Banco de Valencia: la del expresidente del Consell y de ambas entidades, José Luis Olivas, la de los exaltos ejecutivos Aurelio Izquierdo, José Cortina y Domingo Parra, entre otros, y la de los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, en prisión desde entonces.
Este informe forensic fue reclamado a principios de verano por el instructor del proceso del PGOU, el magistrado Manrique Tejada, quien, una vez con el documento en su poder, va a pedir a la Policía que investigue su contenido. Tejada pretender aclarar si Ortiz pudo servirse de información reservada del PGOU (que le habrían facilitado los excaldes populares de la ciudad Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo a cambio de prebendas) para beneficiarse en los negocios que montó con Bancaja a través del grupo Deporinmed, después Urbanika.
En la misma línea, la acusación popular que se ejerce en nombre de EU, acaba de presentar en el juzgado de Tejada idéntica petición así como la solicitud de que declaren los peritos que han elaborado el informe.
«Dudosa racionalidad»
Centrados en el «análisis de ciertas operaciones de dudosa racionalidad económica», los auditores ponen la lupa sobre Urbanika, la sociedad en la Ortiz y Bancaja unieron sus expectativas de negocio aunque, como concluye el informe, con resultados muy distintos para ambos: mientras el empresario alicantino incrementaba sus beneficios y reducía su deuda, lo único que su socia consiguió aumentar fue su riesgo bancario.
Aunque no todas las operaciones analizadas por la auditora afectan a terrenos en los que iba a desarrollarse el PGOU (como es el caso del plan Rabasa o del sector del Armanello en Benidorm) de lo que no parece quedar duda, a tenor de las conclusiones del informe, es la enorme capacidad de Ortiz para los negocios. La auditora afirma que «Cívica ha obtenido activos por 179.000.000 euros que le han permitido reducir su deuda bancaria con Bancaja en 104.928.000 euros. Y adicionalmente ha obtenido una participación en Urbanika del 38,10% habiendo aportado activos por valor de 18.204.000 euros cuyo valor teórico contable ajustado de acuerdo con la información financiera más actualizada disponible ascendería a 98.566.000 euros».
Frente a estos nada despreciables resultados para el emporio empresarial de Enrique Ortiz, al grupo Bankia sólo le han supuesto estas mismas operaciones (entre las que se encuentra la de Vistahermosa) «un incremento significativo del riesgo bancario (245.519.000 euros) y una pérdida del valor de sus activos cuantificada en 50.374.000 euros», según afirman los peritos.
Sobre el global de los negocios en los que Ortiz y Bancaja fueron de la mano, la consultora destaca el hecho de que «no se adjunta en ningún caso a los contratos de compraventa de participaciones ningún anexo ni explicación en relación a la determinación del precio de venta, ni tasaciones de los activos ni balance de las sociedades adquiridas». En el mismo apartado destaca «los deterioros de importe muy significarivos» en el valor de las participaciones de los últimos estados financieros de Urbanika auditados, en 2011, y el que «ninguna de las sociedades adquiridas/aportadas ha generado beneficios».
Además de destacar que las tasaciones realizadas en 2013 a los terrenos propiedad de las sociedades participadas por el grupo Urbanika «muestran valores inferiores a los importes considerados para la determinación del precio de las participaciones en las operaciones de compraventa correspondientes», los peritos aseguran haber identificado «evidencias digitales que ponen de manifiesto aspectos que claramente cuestionan la razonalibidad económica de las operaciones llevadas a cabo, principalmente en lo que respecta a los precios establecidos».
