El nuevo mandato en la Diputación de Alicante arranca con curvas. A la polémica sobre los elevados sueldos que se ha asignado la corporación provincial, con salarios de hasta 90.000 euros anuales para César Sánchez, se sumará ahora el reparto de asesores que impulsó el equipo de gobierno. Tal y como ya informó este diario, el PP se ha quedado con 23 cargos de confianza para 15 diputados; al PSOE sólo se le han concedido dos pese a disponer de 11 dirigentes con acta en la corporación; Compromís tendrá uno para sus tres cargos; a EU se le ha concedido uno para su única diputada... mientras que a Ciudadanos (C's), el socio de los populares en la corporación, le ha tocado el «premio gordo». ¿Por qué? Porque junto a los dos asesores que tendrá Fernando Sepulcre, el único dirigente de la formación naranja en la institución provincial, se suman también otros cuatro cargos de confianza más en las agencias comarcales de la Diputación. Pero es que, además, C's tendrá la capacidad de nombrar a los cinco directores de otros tantos organismos autónomos de la institución, siempre que el PP dé su visto bueno: el ADDA, el MARQ, SUMA, el Instituto de Cultura Juan Gil Albert y el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.
Pues bien, ese reparto podría no ajustarse del todo a la legalidad. Sentencias judiciales a las que ha tenido acceso este diario han tumbado acuerdos similares adoptados en otras entidades locales españolas. Una de las más contundentes la dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad de Madrid el 24 de febrero de 2011. Los hechos se remontan a junio de 2007. Por aquel entonces, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte realizó una distribución similar del personal eventual y dejó al Grupo Municipal Alternativa por Boadilla sin secretaria. Ese partido recurrió a los tribunales y la Justicia le terminó dando la razón. Entre otros motivos, porque el equipo de gobierno del consistorio madrileño no siguió criterios de proporcionalidad a la hora de repartir los asesores. Justo, como ha ocurrido ahora en la Diputación de Alicante. El fallo del TSJ madrileño es contundente: «El acuerdo impugnado vulnera el artículo 23.2º de la Constitución (...), pues no establece un reparto proporcional de los medios materiales, independientemente de la representación de los otros dos grupos municipales les atribuye dos secretarías (PP y PSOE), y la falta de proporcionalidad se acusa aún más en el hecho de que al Grupo Municipal recurrente no le atribuye ninguna». Y concluye: «Así pues procede estimar el recurso contencioso-administrativo, y reconocer el derecho al Grupo Municipal APB recurrente a que se le nombre una secretaria como personal eventual».
Esta y otras sentencias similares las desgranarán hoy los grupos del PSOE y Compromís en la Diputación en una convocatoria de prensa. Ambos están estudiando la legalidad del reparto de asesores en la corporación provincial y fuentes de ambos partidos no descartan la adopción de medidas judiciales para corregir la «injusta y antidemocrática» distribución del personal eventual.
