La reducción de efectivos en el grupo policial que investiga los casos de corrupción en la provincia de Alicante provocó ayer las críticas del Consell y el conseller Manuel Alcaraz reclamó al ministerio del Interior que reconstituya esta unidad. El responsable de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación criticó que se haya dejado «bajo mínimos» el Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante. Como publicó ayer este diario, el grupo se ha quedado con siete efectivos tras la marcha de dos agentes, uno a petición propia y otro por ascenso.
El conseller Alcaraz indicó en un comunicado que ve «con mucha preocupación estas medidas que pueden incidir en una unidad policial que ha dedicado mucho esfuerzo a esclarecer casos de corrupción como el Brugal o Rabasa».
Desde la Comisaría Provincial consideran que los traslados no inciden en la capacidad operativa y de investigación de este grupo porque la carga de trabajo se ha reducido tras la entrega de los últimos informes que estaban pendientes de entregar en los juzgados de Alicante y Orihuela que investigan el PGOU alicantino, el plan Rabasa y el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Fuentes policiales indicaron que si es necesario reforzar de nuevo el grupo por necesidades de trabajo se hará con efectivos de la UDEF central o de la Jefatura Superior de Valencia, como se hizo anteriormente.
El Grupo de Blanqueo de la UDEF de Alicante tiene abiertas una treintena de investigaciones por presunta corrupción y la sobrecarga de trabajo de esta unidad «ha provocado ya en ocasiones anteriores la queja de los jueces», según el comunicado de la Conselleria de Transparencia.
Según Alcaraz, «si se confirmara esta noticia habría que preguntarse por el interés que tiene el Gobierno en que esta unidad no pueda trabajar con todos los recursos necesarios para esclarecer estos casos».
El conseller considera que el desmantelamiento progresivo de este grupo puede suponer «un retraso importante para las investigaciones y tener repercusiones jurídicas graves».
Por ello, Alcaraz reclama al Ministerio del Interior que reconsidere su decisión y restituya este grupo policial para que pueda desarrollar su labor con la misma eficacia como hasta ahora. El conseller concluyó afirmando que «lo que el Gobierno no puede dar es la imagen de que cuando se acercan las elecciones generales cae su interés por perseguir la corrupción y en concreto casos que afectan presuntamente al PP».
