Hacían ya un sobreesfuerzo para tratar de sacar adelante las pesquisas sobre corrupción en Alicante pero ahora parece que la situación se avecina peor si los responsables de la Comisaría Provincial no lo solucionan en breve. El Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se ha quedado bajo mínimos desde hace varias semanas después de que dos de sus miembros se hayan trasladado a otro destino a petición propia y por ascenso.
Aunque ya era reducido el número de efectivos de este grupo, la marcha de un inspector y un subinspector al grupo de Delincuencia Económica, integrado también en la UDEF, ha dejado la unidad de Blanqueo con solo siete policías -incluidos los mandos- para llevar el peso de una treintena de investigaciones abiertas, entre ellas el caso Brugal en Orihuela y los presuntos amaños del PGOU en Alicante y el plan Rabasa.
Las dos bajas en el Grupo de Blanqueo se hicieron efectivas a finales del pasado mes de julio y por el momento no se han enviado a otros agentes para suplir estos puestos de trabajo.
No obstante, se desconoce si la Comisaría Provincial tiene previsto cubrir las dos bajas registradas en el Grupo de Blanqueo o bien se queda como ahora.
Causas complejas
El traslado de los dos efectivos de Blanqueo se ha materializado después de que la UDEF entregara los informes más complejos en los juzgados que investigan el plan Rabasa, el PGOU y el plan zonal de residuos de la Vega Baja. No obstante, lo más probable es que estos últimos informes den lugar a partir de septiembre a nuevas peticiones de diligencias de investigación, lo que agravará la carga de trabajo de este grupo policial.
Buena parte de la treintena de investigaciones abiertas en esta unidad están relacionadas con casos de presunta corrupción, pero este reducido número de agentes también tienen que realizar informes patrimoniales sobre narcotraficantes u otros delincuentes, investigan casos de blanqueo y también mantienen abiertas pesquisas con la Seguridad Social.
Todo esto lo han estado haciendo hasta ahora como podían apenas una decena de efectivos policiales. Esa sobrecarga de trabajo se tradujo en justificados retrasos que propiciaron quejas de jueces y hasta del Consejo General del Poder Judicial para que se reforzara con medios la unidad que investiga los casos de corrupción.
Al final Interior acordó enviar refuerzos puntuales desde la Jefatura Superior de Policía en Valencia para concluir los informes pendientes sobre el plan Rabasa, el PGOU y el plan zonal de la Vega Baja. La conclusión de estas pesquisas podría ser uno de los motivos por los que aún no se ha decidido si dichas plazas serán cubiertas con nuevos efectivos.
