El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, sostuvo ayer que el sueldo anual de 90.000 euros del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ciñe a «la legalidad», al explicar que la retribución máxima de un cargo público viene establecida en la Ley de Racionalización aprobada por el Gobierno. Eso sí, Beteta no entró a valorar si el sueldo de César Sánchez entra dentro de la austeridad que intenta promover en los últimos años el Gobierno central. Según explicó Beteta, «los cargos locales tienen establecida su retribución en los Presupuestos Generales del Estado, por tanto, lo que hace el presidente de la Diputación de Alicante es ceñirse a la legalidad» señaló el secretario de Estado y mano derecha del ministro Montoro, quien optó por no comparar sueldos con el jefe del Consell: «La normativa autonómica no está sujeta al control estatal. Ahí no hay límites y pueden cobrar en función de lo que entiendan que corresponde».
Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, descartó comparecer en el Palacio Provincial para hablar sobre su sueldo, como había solicitado el portavoz de Compromís, de igual forma que adelantó que no acudirá a la reunión que promueve el partido de Mónica Oltra entre los dirigentes provinciales y la propia Generalitat para limitar los sueldos en las instituciones de la Comunidad Valenciana.
