16 de agosto de 2015
16.08.2015

El Supremo tumba al anterior Consell tres recursos en 15 días por ocultar información

El TS condena a la Generalitat por negar documentación a Compromís y le impone el pago de 9.000 € en costas judiciales

17.08.2015 | 01:20

El Ejecutivo del PP vetó datos sobre el ERE en Canal 9 y los contratos de Serafín Castellano con un empresario afín.

Varapalo judicial a la Generalitat. El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado en sólo 15 días tres recursos de casación del anterior Consell por ocultar información a la oposición y, además, le ha impuesto el pago de 9.000 euros en costas. En tres fallos fechados el 1 de junio y el 15 de junio (dos de ellos), el TS desestima las alegaciones del Ejecutivo valenciano para no facilitar documentación a Compromís por varios asuntos polémicos que sacudieron al PP durante la pasada legislatura: el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), los contratos que selló el exconseller Serafín Castellano con un empresario afín, información del aeropuerto de Castellón, un informe sobre la reordenación del servicio de ambulancias, las dietas de altos cargos del Ejecutivo valenciano y los estudios de opinión que encargó la Generalitat con dinero público.

La primera de las sentencias hace referencia a este último tema. Y se remonta a tiempo atrás. En el fallo se explicita que el 19 de noviembre de 2012, con Alberto Fabra al frente del Consell, el entonces síndic de Compromís en las Cortes, Enric Morera, solicitó todos los estudios de opinión pública que había encargado el Ejecutivo sobre su acción de gobierno. El 1 de enero de 2013, el ya exvicepresidente José Císcar le dio el no por respuesta. ¿Por qué? Porque esa información tenía «carácter instrumental para la elaboración de informes internos de la Administración y en la misma no figuran cuestiones relacionadas con la intención de voto, ni con valoraciones personales de líderes políticos».

Compromís, hoy socio del PSPV en la Generalitat, llevó al Consell al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y le acusó de vulnerar el Artículo 23 de la Constitución y el 12 del Reglamento de las Cortes. El 14 de enero de 2014 el TSJ le dio la razón y forzó a la administración a facilitar esos datos. El gobierno del PP, sin embargo, recurrió en casación al Supremo. Tanto Compromís como la Fiscalía se opusieron a esas alegaciones, mientras que el magistrado del TS Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, el ponente del fallo, ha terminado desestimando el recurso e imponiendo el pago de 3.000 euros en costas judiciales. El juez incluso realiza una recomendación de futuro a la administración valenciana. «Como consideración de futuro, hay que decir que, tras la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y para la Comunidad Valenciana, tras la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia buen gobierno y participación ciudadana de la Comunidad Valenciana, el derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido», zanja.

La segunda sentencia del TS, dictada por el mismo magistrado, es más amplia. En ella se explicita que la exsíndica adjunta de Compromís en las Cortes y hoy vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, formalizó 12 peticiones de documentación durante el año 2013. La respuesta que recibió fue la misma que se le dio a su compañero Enric Morera. No se le facilitó documentación sobre los contratos de Serafín Castellano con Taroncher, del aeropuerto de Castellón, de dietas de altos cargos y de un estudio realizado por Sanidad para reasignar el servicio de ambulancias 24 horas.

Compromís repitió estrategia y trasladó el asunto al TSJ. El tribunal valenciano le dio la razón y el Consell del PP recurrió en casación al Supremo. Y el pasado 15 de junio, el TS desestimó las pretensiones de la Generalitat y le condenó a abonar un máximo de 3.000 euros en costas judiciales.

El 15 de junio llegó la tercera sentencia en contra del ejecutivo valenciano. Y por el mismo motivo. El 14 de noviembre de 2011, dos diputados de Compromís reclamaron a las Cortes el informe que la consultora PriceWaterhouse elaboró sobre la situación de RTVV y una relación del personal eventual del ente público. La Generalitat justificó su negativa a facilitar los datos asegurando que el informe era un documento de carácter interno, mientras que los puestos de los trabajadores temporales estaban recogidos, supuestamente, en la cuenta general de 2010. La coalición recurrió entonces al TSJ y, de nuevo, obtuvo un fallo favorable. Pero la Generalitat llevó el asunto al Supremo, que el pasado 15 de junio volvió a dar la razón a Compromís, con el pago de las costas incluidas.

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