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Rajoy castiga a la provincia y recorta en 24,2 millones las inversiones para 2016

El Ejecutivo central reduce un 6,6% su aportación para acometer obras y cada alicantino recibirá 54,4 euros menos que el conjunto de españoles

Otra vez discriminados. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016, entregado ayer por Cristóbal Montoro en el Congreso, ha vuelto a situar a la provincia de Alicante por debajo de la media estatal en el reparto de inversiones. Muy por debajo. Concretamente, el Gobierno de Mariano Rajoy destinará 181,9 euros por alicantino para obras durante el próximo ejercicio, mientras que la cifra para el conjunto del Estado ha quedado cifrada en 236,3 euros: 54,4 euros menos.

Y, lo que es peor, el volumen total de inversiones vuelve a caer respecto a los datos previstos para este mismo año. En 2015, por primera vez desde que Rajoy llegó a La Moncloa, el Ejecutivo central incrementó su dotación para las comarcas alicantinas. De los 215,8 millones presupuestados para 2014 se pasó a los 364 del actual ejercicio. El incremento fue del 68,6% y obedeció, sobre todo, a las inversiones en la alta velocidad. Ahora, sin embargo, la provincia vuelve a ver recortado el dinero para obras. El Gobierno destinará un total de 339,8 millones en 2016 (24,2 menos, con una caída del 6,6%) pese a que la Comunidad Valenciana, en su conjunto, ha visto incrementada su asignación en un 12,24%.

El Ejecutivo, una vez más, ha vuelto a obviar el peso poblacional de Alicante, en particular, y la Comunidad, en general. Teniendo en cuenta exclusivamente ese criterio, las comarcas alicantinas tendrían que haber recibido 441 millones de euros para equipararse con la media. Sin embargo, contarán con 101,2 millones menos de los que le corresponderían.

A nivel autonómico, pese al repunte general, la Comunidad tampoco sale especialmente bien parada con los últimos presupuestos generales de la legislatura. Es cierto que sí se ha producido un aumento del 12,24%, aunque a todas luces insuficiente para alcanzar la media estatal.

En el proyecto de presupuestos que presentó ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, figuran inversiones por 879,23 millones para las comarcas valencianas. Buena parte de estas cuantías quedan reservadas, de nuevo, para el AVE y el Corredor Mediterráneo. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) inyectará 210,8 millones en ambas con el objetivo de ampliar la alta velocidad hasta Elche y Murcia, e impulsar la plataforma logística. Esa cuantía se ha asignado a Alicante, pero en realidad se distribuirá entre más provincias, según consta en el propio proyecto de las cuentas. ¿Y esa cifra es real? El próximo año se despejará esa incógnita. Lo que es evidente es que los 235,3 millones que el Gobierno había reservado este año para el AVE y el Corredor Mediterráneo en Alicante sí resultaron ser una quimera. Hasta el propio Ejecutivo lo admite. En los presupuestos de 2016, ADIF ha cifrado en 109,7 millones la inversión total para este año. Más de 135 millones, por ende, se han esfumado.

La comparación con el resto de comunidades autónomas evidencia también que el Gobierno ha vuelto a discriminar a Alicante, Valencia y Castellón. Hasta cinco autonomías recibirán más fondos que la valenciana para acometer obras. Se trata de Andalucía (1.820,64 millones), Castilla y León (1.451,23), Galicia (1.363,95), Cataluña (1.179,53) y Madrid (1.019,30). La siguiente en el ranking ya es la Comunidad.

Para el conjunto del estado, el Gobierno destinará una media de 236,3 euros por habitante. En la Comunidad, por el contrario, esa cifra cae hasta los 175,6 euros, 61 menos que la media. De acuerdo con su peso poblacional, las tres provincias valencianas tendrían que haber recibido 300 millones más para equipararse a los datos del país.

Todas estas cifras sitúan de nuevo a las comarcas valencianas en el furgón de cola de España en la distribución de los fondos estatales. Otra vez. Finalmente recibirá poco más de la mitad del dinero que había exigido el presidente de la Generalitat. Y a todo ello se suma, además, la discriminación que sufre la Comunidad con el modelo de financiación autonómica, que priva a los valencianos de cerca de 1.000 millones anuales.

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