La herencia que ha recibido el Consell de Ximo Puig continúa dando más de un quebradero de cabeza a los nuevos inquilinos de la Generalitat. El último, al conseller de Hacienda, Vicent Soler. Su departamento recibió la pasada semana un burofax de un despacho de abogados londinense en el que se le amenaza con emprender acciones judiciales si no se abona una deuda de 591.813 euros relativa a la Volvo Ocean Race de 2014.
El impago se remonta a tiempo atrás. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana -una firma pública dependiente de la Generalitat- y Volvo Ocean Race modificaron en julio de 2013 el contrato que ambas partes habían sellado tres años antes. La administración valenciana y la organizadora de la vuelta al mundo de vela acordaron entonces que Proyectos Temáticos se encargara de obtener todas las licencias administrativas necesarias para ocupar el espacio necesario en el Puerto de Alicante, mientras que la Volvo asumiría la organización del village. Pero no a cualquier precio. Las dos partes fijaron un coste máximo de 4,5 millones para el village, que a priori debía sufragarse gracias a los ingresos de patrocinio. Ahora bien, si la recaudación era inferior al coste total del montaje, el Consell asumiría ese desfase hasta un máximo de tres millones de euros. Y si se producían beneficios, el Ejecutivo autonómico no vería ni un euro. Serían para Volvo.
Pues bien, hubo desfase. Y no precisamente pequeño. Meses después de que la prueba partiera desde Alicante, la organizadora reclamó a Proyectos Temáticos el pago de 2,99 millones de euros por el déficit incurrido en la organización del village. El 29 de diciembre de 2014 presentó la documentación que acreditaba esas pérdidas y adjuntó un informe de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) justificando esa cuantía.
La empresa pública del Consell no se quedó de brazos cruzados y revisó al detalle todos los costes. El mismo mes de diciembre, la directora de gestión y el director financiero de la sociedad emitieron un informe en el que advirtieron de que Volvo había imputado gastos que no eran «necesarios» para cumplir con el acuerdo que habían alcanzado las dos partes. En concreto, cifró esos costes en 897.402,02 euros. Acto seguido, la empresa pública valenciana solicitó un informe pericial a la consultora BDO y ésta cuantificó en 757.727 euros los fondos que Volvo exigía de más.
El informe definitivo
A expensas de resolver esas discrepancias económicas, las dos partes alcanzaron una entente para abonar una parte del déficit de la organización del village. En concreto, 2,23 millones. Es decir, la cifra que exigía Volvo menos la cantidad que, según BDO, no se imputó de manera correcta. Proyectos Temáticos y la organizadora de la prueba pactaron saldar esa deuda en cuatro pagos mensuales de 559.677,41 euros durante marzo, abril, mayo y junio. Y además acordaron encargar un tercer informe a otra auditora -KPMG- para que estipulara si Volvo había imputado gastos que no correspondían. El pasado 8 de julio se manifestó. ¿Y qué concluyó? Que de los 2,9 millones reclamados inicialmente por la organizadora, únicamente se habían computado indebidamente 145.797 euros, IVA no incluido. Proyectos Temáticos contrató entonces a un conocido despacho de abogados ajeno a la Generalitat para conocer si el informe de KPMG era conforme a Derecho y había que pagar.
Ahora, Garrigues ha señalado que sí. Según apuntan desde la Conselleria de Hacienda, en ese informe se detalla que hay que abonar la cuantía pendiente y se censura además que Proyectos Temáticos y la Generalitat no abonara por adelantado el coste del village teniendo en cuenta las previsiones de la Volvo. En el contrato entre las dos partes así se estipula. Las arcas autonómicas debían pagar tres meses antes de la prueba el coste previsto, pero no lo hicieron.
Ahora caben dos opciones. La primera, abonar antes del 14 de agosto -fecha tope que ha fijado Volvo- los 591.813 euros pendientes. Y la segunda, no pagar y recibir una demanda de la organizadora de la vuelta al mundo de vela en los tribunales de Londres. Ese es el fuero que aceptaron las dos partes cuando firmaron el contrato. Ante las altas posibilidades de perder ese litigio, Hacienda pagará y terminará asumiendo 2,8 millones de pérdidas.
