Al menos un centenar de altos funcionarios de la Generalitat se encuentran de brazos cruzados tras haber sido destituidos por el Ejecutivo valenciano sin que se les haya comunicado un nuevo destino. En espera de que se les asigne una nueva plaza, este personal está sin nada que hacer, muchos de ellos en su casa, pero cobrando el salario íntegro correspondiente al puesto de confianza que ocupaban bajo el mandato popular. La cifra de funcionarios sin destino crece día a día conforme los responsables de las consellerias toman tierra y optan, en la mayoría de los casos, por prescindir de funcionarios promocionados durante el anterior Consell. En total hay 700 puestos de libre designación. No todos saltarán de sus puestos, pero unos 100 ya han recibido la llamada. El terremoto por el cambio de signo político era esperado, pero no el colapso que se está produciendo, en buena parte, como consecuencia del vacío de poder en el área de Función Pública a cuenta del rifirrafe entre el PSPV y Compromís, socios de gobierno, por el nombramiento de esta dirección general vacante hace más de un mes.
Fuentes conocedoras de los entresijos de la Función Pública admitieron a este diario que en la nueva Generalitat ha estallado el caso, al tiempo que el malestar funcionarial crece por momentos. La situación es a grandes rasgos la siguiente: funcionarios que ocupaban puestos de libre designación a los que se le ha comunicado su cese (subdirectores generales y jefes de servicio, aunque también exaltos cargos del PP), pero que no tienen nueva ubicación al carecer de plaza propia. Según la ley de la función pública valenciana, los órganos responsables de Personal deben ofrecerles un nuevo puesto, reasignación que no se ha producido, en tanto logran una nueva adscripción. Mientras tanto, tienen derecho a quedar en espera cobrando el sueldo íntegro al menos durante un mes. El problema es que con la dirección de Función Pública descabezada recolocar a este colectivo es complicado. De esta área depende la clasificación de puestos, pero no hay nadie al frente. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, de quien depende Función Pública, podría asumir estas competencias, pero ha preferido borrarse de un conflicto que tiene enfrentados a PSPV y Compromís y a sus respectivos sindicatos afines: la FSP-UGT e Intersindical. La conclusión es que decenas de funcionarios están sin faena, en casa o vagando por las consellerias.
La situación ha llegado ya a oídos del PP, ahora en la oposición, que desde las Cortes ha preguntado a Bravo que está pasando en su departamento. La portavoz adjunta Maria José Catalá quiere saber cuántas reincorporaciones y nombramientos de altos funcionarios están pendientes.
Junto a la firma de Función Pública, el Consell de Ximo Puig tiene pendiente también la aprobación de los reglamentos orgánicos de las consellerias (ROFs), en los que se culmina el diseño del organigrama de los departamentos. Los ROFs, que deben ser aprobados por decreto del Consell, determinan, entre otras cuestiones, las jefaturas de servicios y las subdirecciónes generales, un paso previo para que los altos cargos promuevan los procesos de selección por libre designación de sus funcionarios de confianza. Aunque cada conselleria determina su estructura, también aquí es fundamental el papel de Función Pública, de quien dependen los subdirectores generales que se encargan de la clasificación de puestos. Se da la paradoja que en estos puestos siguen los funcionarios de la etapa popular. El galimatías jurídico es de tal calibre que hay altos funcionarios que incluso se han «rebelado» y se niegan a aceptar un cese informal y con débil cobertura legal. Algunos están exigiendo que se les motive el cese. Hay, además, otra cuestión heredada. El Consell del PP aceleró el nombramiento de altos funcionarios en previsión del cambio y les blindó el salario. Este personal no puede ser destinado a un sitio cualquiera: el nuevo puesto de tener el mismo nivel competencial y estar en la misma localidad. Si la situación no se resuelve en un mes, sólo perderán el complemento de destino.
Más allá de la situación personal y laboral de este colectivo, las consecuencias de la parálisis administrativa podrían ser mayores. Las fuentes consultadas recuerdan que estos puestos (hay un total de 700) son claves, ya que les corresponde funciones de control financiero, gestión económica o autorización de expedientes de todo tipo.
