El presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), Vicente Garrido, entregó ayer al jefe del Consell, Ximo Puig, la memoria anual de la entidad. Y en ella se incluye, a modo de presentación, un artículo firmado por Garrido que contiene un alto contenido político. Se trata de una suerte de posicionamiento de una institución que en ocasiones ha sido acusada de dar cobertura al Consell popular y que, como otras instituciones consultivas, ha estado en el punto de mira de las políticas de austeridad del PP. Garrido, un jurista de prestigio, pero con el estigma de ser íntimo del expresidente Francisco Camps, aprovecha su artículo para defender la gestión de la institución, así como su independencia frente a posibles injerencias externas. Asegura que es un organismo eficaz y un «contrapeso necesario» a la Administración. Según Garrido el asesoramiento del CJC «se funda solo en Derecho y no en circunstancias, sociales o económicas».
Y añade que este es un rasgo que debemos asumir «evitando sin ambages el convertirnos en correa de transmisión de intereses espúreos». «Pero también deben asumir esta condición del Consell quienes desde fuera del mismo puedan tener la tentación de intentar condicionar y orientar el sentido de sus pronunciamientos», remarca Garrido en una alusión que parece más dirigida al anterior Consell.
