Las pesquisas que durante meses han seguido la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso Imelsa conducen a la financiación ilegal del PP valenciano, según aseguraron a este diario fuentes de la investigación. La causa está muy avanzada y alcanza a decenas de empresas y personas. Tras el verano, el titular del juzgado podría levantar el secreto de sumario, decretado para evitar la desaparición de las pruebas. De momento, Marcos Benavent, el exgerente de la empresa Imelsa y mano derecha del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, ha entregado 40 disco duros con 81.920 megas de información y ha ratificado las 10 horas de grabaciones que afectan a altos cargos del PP.
El juez ha desgranado la macrocausa en siete piezas separadas en las que investiga, entre otras cosas, el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas por parte del entorno de Rus. También la facturación a Imelsa de trabajos que nunca se realizaron por parte de empresas administradas por testaferros de Marcos Benavent. Por haber hay incluso un presunto fraude en el pago del IVA, que fue uno de los primeros indicios que ayudó a los investigadores y a la Agencia Tributaria a tirar del hilo.
