La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que la Comunidad Valenciana -una de las autonomías más castigadas por el actual sistema de financiación con un expolio anual que supera los 1.000 millones de euros- incumpla los objetivos de déficit durante los dos próximos años. Fuentes de la AIReF precisaron que en el caso de la Generalitat Valenciana junto a otras autonomías como Baleares, Cataluña, Extremadura o Murcia se registrará un importante desfase en el objetivo de déficit fijado para este año, mientras que en 2016 tampoco se ajustará al 0,3% marcado por Montoro. El riesgo de incumplimiento se debe fundamentalmente a las desviaciones observadas en sus ingresos por tributos propios, transferencias a recibir desde Madrid sin incluir en los presupuestos generales del Estado y a la no materialización de una parte importante de la ventas y concesiones administrativas previstas en las cuentas para este año.
Para las comunidades infractoras, la AIReF recomienda la elaboración de un plan económico financiero con ajustes que deberán proponer una «senda creíble de corrección del desequilibrio en un horizonte temporal razonable». En el caso de la Comunidad Valenciana se le propone la confección de un documento con un «marco plurianual» y compromisos de corrección anuales. Así que, a pesar de la complicada situación finaciera de las cuentas autonómicas, el Gobierno de España se dedica a meter más presión. Antes de final de mes, de hecho, habrá que remitir ese documento a Madrid para su aprobación en otoño con una nueva tanda de recortes de, al menos, 1.500 millones «ficticios» que, en su día, el Ejecutivo del PP autorizó al Consell de Alberto Fabra pero que ahora le niega al «bipartito» socialistas-Compromís.
Pero, además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco ayuda con el objetivo de mejorar la liquidez de las arcas del Consell. Montoro remitió el jueves una carta a Valencia en la que le informa de la apertura de la comisión que estudiará el cambio en el modelo de financiación autonómica. Antes de final de mes, el Ministerio de Hacienda pretende disponer de documentos con propuestas. Pero, sin embargo, no pone fecha a la modificación del sistema, que está caducado desde principios de 2014. Frente a esta situación, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aseguró no entender «por qué el ministro no actuó cuando el Gobierno anterior pintó 1.300 millones en el presupuesto que todos sabíamos que eran ficticios» y que incluso Compromís -la fuerza política que lidera Oltra- llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). «De incoherencia en eso no nos van a poder tachar», remarcó.
Según explicó Mónica Oltra, fue Montoro el que presionó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal -un órgano dependiente de Hacienda que evalúa la estabilidad- para variar el informe «y ahora dice que esos 1.500 millones no existen, ¿porqué hizo cambiar ese informe? Eso tendría que decir Montoro, para ahora decir como el gendarme de Casablanca '¡qué escándalo, qué escándalo!'. Se ha dado cuenta que esto es ficticio, pues ya se lo dijimos en diciembre de 2014, e incluso lo dijo el TSJ», subrayó. Según Oltra, la Autoridad Fiscal puso negro sobre blanco que eso se podía incluir en los presupuestos porque el Gobierno que estaba al frente de la Generalitat era del PP. Ahora cambia de opinión. «Comenzó con perífrasis exoneradoras y así no se puede funcionar. Sea del color que sea si era ficticio era ficticio», sentenció. Además, Oltra le recordó al ministro Montoro que «claro que hemos recortado» y lo estamos haciendo «en muchos gastos suntuarios que el anterior Gobierno del PP había establecido y que el señor Montoro no les afeó nunca».
