Cuando Clementina Ródenas perdió la presidencia de la diputación, en la catástrofe socialista de 1995, Jorge Rodríguez no tenía derecho al voto. Hoy, con 36 años, el alcalde de Ontinyent será investido presidente de la institución provincial merced al pacto de gobierno entre su partido, el PSPV, y Compromís, en una reproducción del acuerdo alcanzado en la Generalitat. La valencianista Maria Josep Amigó, exalcaldesa de Bonrepòs i Mirambell, será la vicepresidenta. Rodríguez será designado presidente en primera votación por mayoría absoluta. Socialistas y Compromís suman 15 votos. El que les falta para no tener que ir a una segunda votación se lo prestará Roberto Jaramillo, de València en Comú, por decisión de la asamblea de la formación impulsada por Podemos. Un sí a la investidura «que no es un cheque en blanco ni un sí a entrar en el gobierno».

La diputada Rosa Pérez (EU) se inclinaba anoche por la abstención, al entender que se habían desatendido sus demandas, aunque no descartaba totalmente el sí, condicionado a que antes del pleno le acepten su petición de presidir un área provincial. El equipo de gobierno ha ofrecido a Pérez llevar Memoria Histórica, Teatres y Bienestar Social, y a València en Comú, Transparencia y Auditoría Pública para que entren en un gobierno que les mantendrá las puertas abiertas si apoyan la investidura.

El acuerdo alcanzado por Socialistas y Compromís se estructura en ocho puntos, según un documento al que ha tenido acceso este diario. Entre ellos, «que nadie cobre más que el presidente de la Generalitat». Ese «nadie» hay que interpretarlo, según diversas fuentes, como «ningún político». Y político va más allá de diputado, para comprender cargos de libre designación. De entrada, el presidente de la diputación percibe 73.136 euros, frente a los 67.615 que cobra Ximo Puig. Los diputados provinciales perciben 63.785 euros, pero hay otros cargos supuestamente técnicos, pero de designación política, cuyo sueldo supera al del Molt Honorable. En la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa) se encuentran varios ejemplos. Empezando por la figura del gerente, que percibe 77.516 euros, o el director del departamento jurídico, que cobra 70.354.

Otros salarios de esa sociedad, epicentro del escándalo de la presunta trama de cobro de mordidas por contratos públicos, rozan los emolumentos de Puig. Por ejemplo, el director de gestión y formación, cuyo salario bruto anual se sitúa en los 65.970 euros.«Revisar y optimizar la estructura de Imelsa», es objetivo prioritario del nuevo gobierno provincial. La empresa pública será gestionada a medias por PSPV, que designará a un gerente, y Compromís, a un subgerente. Fuentes de la diputación explicaron que el nuevo gobierno ya tiene perfilado un plan para Imelsa que pasa por reducir hasta 300 empleos en la firma pública provincial.

Los socialistas han calculado incluso el coste de las indemnizaciones por aligerar la carga de nóminas en la empresa que ha servido durante años, además de para cumplir con sus competencias reales asignadas, para satisfacer compromisos de los aparatos de los propios partidos o para dar cobertura a otras áreas de la diputación con menos presupuesto. Por ejemplo, de la empresa Imelsa dependen hasta cinco empleados y directivos de Protocolo. El pleno en el que se estructuran las áreas de gobierno se celebrará el viernes. Salvo sorpresas, los socialistas Pablo Seguí (Carreteras), Toni Gaspar (Hacienda), José Ruiz (Personal) y Mercedes Belenguer (Bienestar Social) serán «ministros» de ese gobierno, junto con Emili Altur (Cooperación Municipal) o Josep Vicent Bort (Medio Ambiente), de Compromís.