El nuevo Consell de izquierdas está dispuesto a plantar cara al Gobierno de Mariano Rajoy desde el primer minuto con un objetivo claro: acabar con el expolio histórico -ejecutado tanto por gabinetes socialistas como del PP- que sufre la Comunidad en el reparto de la tarta de los fondos del Estado. En su segunda comparecencia, la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, dejó claras dos cosas. La primera es que el Ejecutivo que comparte su partido con el PSPV quiere, al menos, doblar la inversión que recibirá del Estado en 2016 para que se equipare a la aportación que supone el PIB de la Comunidad en el conjunto de España. Y la segunda fue una advertencia: o se cambia ya el modelo de financiación y la Generalitat accede a una cantidad justa -ahora las arcas autonómicas dejan de ingresar 1.000 millones anuales-; o, de lo contrario, el Ejecutivo autonómico no se sentirá obligado a cumplir con los exigentes topes de déficit marcados por Cristóbal Montoro.
Uno de los caballos de batalla del Consell será que los presupuestos generales del Estado para 2016, cuya tramitación se va a iniciar ya para que las elecciones se puedan celebrar en noviembre o diciembre, reflejen el cambio de etapa. La vicepresidenta Oltra explicó que, durante la reunión del nuevo Gobierno valenciano, cada conseller se comprometió a poner sobre el tapete un paquete con las inversiones prioritarias que se van a reclamar a Madrid. La idea, como apuntó la número dos de la Generalitat, es que la Comunidad cope entre el 10 y el 11% de las inversiones territorializadas del Estado, un volumen equivalente a su peso en el conjunto de la economía de España lo que supondría en la práctica duplicar la cantidad que Rajoy destinó a Alicante, Valencia y Castellón en las partidas previstas para este año 2015.
La presión no sólo llegará desde el Palau de la Generalitat sino también a través de la vía parlamentaria. En su primera junta de síndics como presidente de las Cortes, Enric Morera, líder del Bloc y uno de los hombres fuertes de Compromís, relanzó un debate que con el PP se había convertido en «tabú»: desempolvar la reforma del Estatuto paralizada desde hace cinco años para blindar las inversiones del Estado de acuerdo al volumen de población, un indicador que supondría partidas por unos 500 millones más cada año. El PP la impulsó en 2010 para minar a los socialistas que, en aquel momento, se tambaleaban en La Moncloa con un Zapatero moribundo. Pero, sin embargo, posteriormente la fueron retrasando y la metieron en un cajón para evitar molestar a Rajoy cuando se hizo con el mando a finales de 2011. Ya no habrá más dilaciones. El próximo 22 de julio, el pleno de las Cortes elegirá a los tres parlamentarios que acudirán al Congreso para defender la iniciativa que como se recordará, en su día, los tribunales consideraron legal.
Y a la petición de que aumenten las inversiones, la Cámara de Contratistas cifra el déficit en más de 6.000 millones, se suma la exigencia de la financiación. Oltra lanzó un mensaje a Montoro en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará hoy. No se ajustarán a los exigentes techos de déficit salvo que llegue la financiación que toca. «Montoro puede estar seguro que si nosotros recibimos la financiación que es justa en arreglo a nuestras circunstancias y población vamos a ser absolutamente sobrios y vamos a controlar el déficit de hoy para mañana», zanjó.
