57.599 euros con 76 céntimos de salario bruto anual es una fortuna para buena parte de la población valenciana. Para determinados profesionales liberales, ejecutivos del sector privado o empresarios es una cifra para restarla de sus ingresos anuales con el fin de determinar exactamente cuánto perdería si cambiara su ocupación por una plaza de conseller. Porque 57.599 euros es lo que cobra un ministro del Gobierno autonómico valenciano. Los emolumentos de los cargos públicos de la Generalitat -57.586 euros percibe un secretario autonómico, especie declarada en extinción por PSPV y Compromís- en concurrencia con otros condicionantes generaron deserciones en el Consell saliente del PP. Hasta una docena de cargos abandonó la Administración para dar el salto al sector privado por sueldo, por la decadencia del PP y su muerte anunciada, además de por el riesgo de estar expuesto a la crítica y hasta a la judicialización por estampar firmas en los márgenes de la ley.
Hoy, socialistas y Compromís están tropenzado con parte de esos problemas a la hora de hacer fichajes para gestionar una Generalitat con 40.000 millones de deuda y con un Consell bipartito cuyas relaciones no estarán exentas de tensión. A los que quieren no los llaman y a veces a los que llaman no quieren. Es el caso del juez Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, al que el PSPV y Compromís querían como conseller de Justicia por consenso. Otro que dijo no antes incluso de las elecciones y en este caso al PSPV, según informaron a este diario fuentes de Blanqueries, es el gerente de la Politécnica, José Antonio Pérez, miembro de la comisión de expertos sobre financiación autonómica en representación de los socialistas. Desde los entornos de Ximo Puig y Mónica Oltra admiten que no todos los deseados están dispuestos a dar el paso y asumir la pérdida de miles de euros y someterse a la exposición pública a las críticas a cambio de escribir en el currículum «fui conseller». Quizás por cuatro años o puede que por cuatro meses.
