Poco avanzó ayer la configuración del nuevo Consell. Los equipos negociadores de PSPV y Compromís se reunieron por tercera vez para diseñar la estructura de la futura Generalitat y acordaron impulsar una auditoría de la organización interna de la administración para cambiar la orientación de veinte años de gobierno del PP. Ambos partidos pretenden reducir al máximo la externalización de los servicios y que sean los funcionarios los que se ocupen del trabajo. El bipartito considera que la privatización ha aumentado los costes y prácticamente ha duplicado las plantillas, como pasó en la mayoría de empresas públicas o en los contratos de informática. El último, de 12 millones y en pleno periodo de interinidad. El Ejecutivo pretende una administración «nueva, renovada y solvente».

En la reunión se insistió, tanto por parte de Compromís como del PSPV, en evitar que haya dos Consells. Para ello, pese a que los titulares de las carteras los nombrará un partido, los altos cargos e intermedios estarán mezclados. «Un sólo Gobierno», ese ha sido el leit motiv de Mónica Oltra y Ximo Puig desde el día en que decidieron cerrar el acuerdo.

Por otro lado, el encuentro de ayer también sirvió para plantear la necesidad de establecer una Comisión de Traspaso de Poderes que haga frente al cambio de gobierno en la Generalitat y que se ponga a trabajar «de inmediato» junto a los actuales equipos de trabajo para que el cambio de Ejecutivo sea lo más «rápido, tranquilo y transparente posible». En los ayuntamientos se está haciendo, aunque la administración autonómica es mucho más compleja, con un presupuesto que ronda los 17.000 millones de euros.

Ambas formaciones se emplazaron para seguir trabajando a lo largo de la semana en el diseño del futuro gobierno valenciano. De momento, todavía no está claro qué carteras asumirá cada uno de los partidos. Presidencia será para el PSPV y Compromís tendrá la vicepresidencia y podrán nombrar cuatro departamentos cada uno.

En la reunión de ayer, aunque no se concretó, también se habló sobre el reparto de «consellerias». La idea es que sea «equilibrado». Es decir, si un partido asume Educación, el otro tendría Sanidad y si finalmente uno consiguiera Hacienda, el socio gestionaría Economía. La intención es que no haya agravios.

Por su parte y pese a que el tiempo apremia, ya que la investidura de Ximo Puig como presidente puede ser en unos diez días, los negociadores intentan no entrar en temas espinosos para generar un clima de confianza y buena relación. Hay que tejer redes de confianza que se deterioraron con las negociaciones del quién debía ser el presidente de la Generalitat.